• El jueves se cumplieron cinco años de la toma por la Guardia Nacional de la urbanización Los Semerucos.
• Gente del Petróleo no ha recibido respuestas a las acciones legales emprendidas.
Las 117 familias que habitaban la urbanización Los Semerucos, en la comunidad Cardón del estado Falcón, vivían en alerta. Haydée Irausquín, una ex trabajadora de la industria petrolera que había sido notificada de su despido el 3 de enero de 2003, estaba entre las primeras de la lista de desalojos.
La ex petrolera requirió dos años para conseguir vivienda, trabajo y empezar de nuevo.
"Eso nunca se olvida. Confío en que, en algún momento, se emprendan acciones contra las personas que violaron nuestros derechos humanos.
Eso no prescribe. Sólo me pregunto qué pasará con mis hijos en el futuro, porque un momento así deja secuelas".
En otro extremo de la urbanización estaba Ligia de Marchena, quien se trasladó al lugar en la madrugada para buscar a su sobrina, esposo e hijo. Estaba apurándolos para que se metieran al carro cuando llegaron los uniformados. Los vio entrar en formación –calcula que varios centenaresy, cuando empezó a correr, sintió un golpe en el rostro. Le habían disparado una bomba lacrimógena que le causó el desprendimiento del músculo ocular, afección por la que esta semana ingresará a quirófano por segunda vez.
Como ella, otras 18 personas resultaron lesionadas y 36 niños fueron atendidos por asfixia, de acuerdo con las cifras de la asociación Gente del Petróleo. El resultado incluye también a 26 detenidos, de los cuales sólo a 5 le dieron libertad plena. El resto está en libertad condicional.
A las 11:00 am llegaron a casa de Irausquín un juez, una comisión de la GN, dos camiones de mudanza y una ambulancia. A pesar de su desacuerdo, tuvo que recoger. No se pudo despedir de sus vecinos y salió a casa de un familiar: "Entré en estado depresivo. No tenía trabajo y estaba con todas mis cosas en cajas, arrimada".
Irausquín había sido la primera desalojada, pero desde esa fecha empezaron a vaciarse los hogares de campos petroleros de todo el país donde vivían los despedidos después del paro, desde obreros hasta gerentes.
Más mudanzas.
Alfredo Martínez, quien se desempeñaba como analista de Recursos Humanos de Pdvsa, calcula que hay 2.500 familias que todavía viven en campos petroleros y corren el riesgo de ser desalojados. Martínez habitó durante 11 años una de esas casas, pero a finales de 2006 también recibió la visita de un juez con la medida de desalojo.
"No estábamos preparados, y nos dieron un día. Tratamos de hacer como La Vida es Bella: mandamos a mi hijo de 6 años de edad a casa de una cuñada, porque no queríamos que viviera eso. Mi esposa le decía a mi hija que no llorara, que no les diéramos el gusto, así que nos armamos de valor", recuerda el antiguo habitante de una urbanización en Lagunillas.
Durante dos meses vivieron los cuatro en la habitación de un familiar. Consiguieron una vivienda alquilada y ahora la están pagando a crédito. El ex trabajador asegura que algunos de sus compañeros vivieron consecuencias más duras, pero no deja de mencionar lo más difícil de su caso: mantener la calma, pues acababa de recuperarse de un infarto y los médicos le habían recomendado que no se alterara.
"Hacerle ver a mis hijos que íbamos a superar eso no era sencillo. Tampoco que se desprendieran de sus amistades y actividades. No es lo mismo hacer una mudanza planificada que salir de forma intempestiva", reflexiona. Él, como Ligia de Marchena, compara su experiencia con la de los judíos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Él, como Irausquín, no le desea ese mal trago a nadie: "Ya no siento rencor, pero pido a Dios que los militares, abogados y jefes de Pdvsa que actuaron no pasen por una situación de esa naturaleza".
El Nacional
Mariela Hoyer Guerrero
Como si fuera fácil tener en la mira a un presidente que muy rara veces visita a Venezuela y si lo hace, es para amurallarse entre cientos de guardaespaldas
Definitivamente hay una relación de padre a hijo entre las revelaciones que día a día hace, Guido Antonini Wilson, sobre el “Caso del Maletín” en un tribunal de Miami y los interminables capítulos de la telenovela del magnicidio que desde hace aproximadamente un mes trasmiten el canal 8 y los casi 400 medios impresos y radioeléctricos que se sostienen con financiamiento oficial.
Culebrón que empezó cuando unos supuestos conspiradores se divertían contando por celular cómo derrocarían al “líder máximo de la revolución continental y mundial”, siguió con el involucramiento de 3 de los más importantes directores de medios independientes del país y ya va con otros despabilados que la cogieron por fabricar o comprar cañones portátiles dizque para dispararle al avión, o a la comitiva de Chávez, en cuanto se les ponga a tiro.
Como si fuera fácil tener en la mira a un presidente que muy rara veces visita a Venezuela y si lo hace, es para amurallarse entre cientos de guardaespaldas que apenas dejan lugar para que sus partidarios lo perciban como una visión imposible y lejana.
Porque, no se engañen, el Chávez de la televisión y las cadenas es también producto de este acuartelamiento, de este no darse a conocer por otra cosa que no sea la voz mandona, chillona y aplastante.
Por eso, no hay dudas que las denuncias de Antonini están penetrando la muralla, sacando a Chávez del acuartelamiento, obligándolo a referirse a otro tema que no es el de la agenda que le elabora a amigos y enemigos, y forzándolo a improvisar, a defenderse, tratando de alguna manera de que el país vuelva pegarse de los capítulos de la telenovela, mientras olvida la espantosa realidad por la que Venezuela se ha convertido en uno de los países más corruptos del mundo.
De modo que, según van llegando de Miami las piezas y las jugadas del ajedrez que se tradujo en un uno de los torneos de corruptelas más tenebrosos de que tenga memoria el país, desde Miraflores y el ministerio del Interior y Justicia se escriben más capítulos sobre el presunto atentado por el que Chávez no continuaría más sus viajes por el mundo.
Sobre todo en circunstancias de que las denuncias de Antonini caen en el mismo escenario de inicio de la campaña para la elección de alcaldes y gobernadores de noviembre próximo, convirtiéndose, sin proponérselo, en un primer dato para que los electores documenten su decisión de votar, o por quienes contribuyeron por acción u omisión a que Venezuela llegara al “Caso Antonini”, o por aquellos que lo han criticado, denunciado, condenado y, eventualmente, no permitirían que vuelva a repetirse.
Porque, vamos a estar claros, tanto Guido Antonini Wilson, como Carlos Kauffman, Franklin Durán, y Moisés Maiónica, son hijos de la revolución que Chávez llama unas veces “bolivariana” y otras “socialista”.
Y hermanos de los militares y civiles que con más suerte que capacidad, emprendieron desde comienzos de los 90 la aventura que culminó con su entronizamiento durante los últimos 10 años a la cabeza del Estado.
De hombres como Rafael Ramírez, Jorge Rodríguez, Tobías Nóbregas, Jhony Yánez Rangel, Antonio Rodríguez San Juan, Asdrúbal Chávez, y tantos más que contribuyeron a que se convirtieran en los jefes de una mafia que le entró a saco a los dineros públicos.
Y que han justificado el establecimiento de un poder profundamente personalista, autoritario y contrario al estado derecho, diciendo que llevan a cabo una revolución inútil, inviable y que nadie les ha pedido, pero solo para justificar la incautación de las instituciones democráticas que han pasado a ser apéndices del Poder Ejecutivo y los pilares de una dictadura de hecho que ha desembocado en que sean Chávez y sus hombres quienes disponen de las riquezas del país como si se tratara de una cuenta bancaria producto de sus ahorros.
Y con los cuales, Chávez, trata de interpretar uno de sus roles preferidos, como es el autoeregirse en el líder máximo de la revolución continental y mundial que, presuntamente, redimirá a los pobres de las injusticias, de las desigualdades y salvaría a la humanidad.
Lo cierto es que en este delirio, Chávez se ha propuesto incluir y premiar a todo el que se acerque a respaldarlo, dándole, no solamente petróleo gratis si se trata de jefes de Estado, sino también acceso a las riquezas y bienes públicos, si son particulares que por unos cuantos contratos, y otras tantas comisiones, están dispuestos a hacer “los sacrificios” que les pida el gobierno y la revolución.
Puede decirse que Antonini Wilson y sus compinches son de esta última especie, pues de sobrevivir como pequeños y medianos empresarios durante la década de los 90, comenzaron a fraguar los contactos apropiados cuando Chávez llegó al poder, fueron relacionándose, procurándose padrinos, y así, al poco tiempo ya eran de los más importantes gestores en enriquecerse, mientras enriquecían a los poderosos burócratas que al abrigo de la revolución empollaban la casta que después se llamaría “la Boliburguesía”.
Un seguimiento a sus declaraciones en el tribunal de la juez, Joan Leonard, de Miami, así como de las grabaciones que progresivamente presenta el fiscal, Mulvilgil, permite conocer que, de empresarios involucrados en contratos de construcción y venta de armas al gobierno central y a las gobernaciones, Antonini y su banda pasaron a especular con papeles del Estado, después con la colación de depósitos oficiales en la banca privada, y por último, en su inmersión en las aguas del negocio de los negocios en la revolución chavista, que no es otro que el que se relacione con la venta de equipos, tecnología y capital para la producción y exportación de crudos.
Lo cuenta ahora el propio Antonini, calificado por Chávez de “traidor”, siendo que, como muchos otros, simplemente cambió “honradez” (si alguna la tuvo) por “poder económico”, pero en el entendido que, si por otro golpe de ruleta las circunstancias eran otras, eran también otros el partido, la ideología y el patrón.
Así, resulta evidente que era usado como un correo en la relación peligrosa Chávez- Kirchner, pieza en el entramado por el que el caudillo patagón le suministraba respaldo irrestricto al caribeño, a cambio de que le permitiera tener a mano los recursos que le prohibían unas instituciones democráticas argentinas celosas de que el Poder Ejecutivo volviera por los desafueros de las dictaduras militares.
Un hombre de confianza, en definitiva, de Rafael Ramírez, de Claudio Uberti, de Asdrúbal Chávez, de los Uzcátegui, de De Vido, Ezequiel Espinoza, y de toda la mafia binacional que bajo las órdenes de Chávez y los esposos Kirchner ha implementado una de las ofensivas más audaces de desestabilización de la democracia que se conocen en el subcontinente desde la “Operación Cóndor”.
Pero por fortuna enfrentada por los partidos, organizaciones y grupos democráticos del hemisferio que se resisten a que la retroizquierda vuelva a ensayar con los desmanes que ya implementó en Rusia, China, Europa del Este, Cuba y Corea del Norte para llevarlas a la ruina.
Las revelaciones del “Caso Antonini” y el testimonio del más importante de sus inculpados, es también un aporte en esta dirección que debe tener una incidencia fundamental en los días finales del chavismo, ya que es evidente que, así como Chávez llegó a Miraflores acusando de corruptos a sus adversarios políticos, él también tendrá que hacerlo por la misma causa.
El Caso Antonini y la telenovela del magnicidio
Manuel Malaver
La Razón
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