Más allá del asesinato del funcionario, las acusaciones mutuas entre los investigadores ponen en entredicho la credibilidad de la directiva del Ministerio Público.
No es la primera vez que se denuncia el forjamiento de actas en la investigación del homicidio del fiscal Danilo Anderson y, en particular, el testimonio de Geovanny Vásquez de Armas, que figura como fundamento principal de las actuaciones del Ministerio Público contra los supuestos autores materiales e intelectuales del crimen. La novedad es que ahora los fiscales se acusan mutuamente de fraude procesal, y uno de ellos responsabiliza al ex jefe de la vindicta pública, Isaías Rodríguez.
En el Ministerio Público siempre ha habido un selecto grupo de fiscales a los cuales se asignan los casos más complejos y sonados. Desde la gestión de Ramón Escovar Salom se les comenzó a llamar los power rangers. Los nombres de Antonio Mastropietro, Francisco Javier Álvarez, Domingo Hernández, José Ernesto Graterol, Américo Gloria, Theresly Malavé y Oswaldo Domínguez, entre otros, se repetían en los medios de comunicación.
Además de su capacidad para investigar, los power rangers tendrían que ser de la absoluta confianza del fiscal general de turno. Por ello su fama estaba sujeta a los relevos en esa rectoría.
Danilo Anderson llegó a ser el más conocido de los funcionarios equiparados con superhéroes. Cinco fiscales con similar perfil fueron designados para investigar el asesinato de Anderson: Gilberto Landaeta, Yoraco Bauza, Hernando Contreras, Sonia Buznego y Turcy Simancas.
¿Quiénes son?
El primero en salir del caso Anderson fue Gilberto Landaeta, cuya amistad con el fiscal fallecido sería un motivo adicional para llegar a la verdad. Después de 10 años al servicio de la Disip, en 2000 ingresó al Ministerio Público.
Entre los casos más trascendentes que investigó figuran los atentados a sedes diplomáticas, la actuación de los militares el 11 de abril de 2002 y luego en la Plaza Francia, y el llamado Cartel del Sol.
Landaeta fue apartado de la investigación después de oponerse a cualquier medida que no fuera la acusación de los supuestos autores intelectuales del crimen. A la semana siguiente renunció. Desde un poco antes de dejar el cargo afronta un proceso penal por un altercado con funcionarios de PoliVargas.
Ahora, sin mayores explicaciones, han sido destituidos Hernando Contreras y Yoraco Bauza, quienes tenían siete años en la Fiscalía y estuvieron encargados de causas que originaron conmoción pública.
Aunque Sonia Buznego y Turcy Simancas también fueron relevadas del caso Anderson, siguen siendo fiscales. Actualmente tienen en sus manos el juicio contra los comisarios y funcionarios de la PM por los sucesos del 11 de abril de 2002; una causa que impulsó Luisa Ortega Díaz y que la Fiscalía está empeñada en concluir con una sentencia condenatoria.
Está planteado que Buznego y Simancas concluyan su carrera fiscal con la jubilación; claro está, después de que cumplan su misión como acusadoras del Caso Llaguno. Fuentes del Ministerio Público especulan que no se puede correr el riesgo de perder el juicio más complejo sobre el 11-A.
¿Por qué y para qué?
Además de su capacidad para investigar, los power rangers tendrían que ser de la absoluta confianza del fiscal general de turno. Por ello su fama estaba sujeta a los relevos en esa rectoría.
Danilo Anderson llegó a ser el más conocido de los funcionarios equiparados con superhéroes. Cinco fiscales con similar perfil fueron designados para investigar el asesinato de Anderson: Gilberto Landaeta, Yoraco Bauza, Hernando Contreras, Sonia Buznego y Turcy Simancas.
¿Quiénes son?
El primero en salir del caso Anderson fue Gilberto Landaeta, cuya amistad con el fiscal fallecido sería un motivo adicional para llegar a la verdad. Después de 10 años al servicio de la Disip, en 2000 ingresó al Ministerio Público.
Entre los casos más trascendentes que investigó figuran los atentados a sedes diplomáticas, la actuación de los militares el 11 de abril de 2002 y luego en la Plaza Francia, y el llamado Cartel del Sol.
Landaeta fue apartado de la investigación después de oponerse a cualquier medida que no fuera la acusación de los supuestos autores intelectuales del crimen. A la semana siguiente renunció. Desde un poco antes de dejar el cargo afronta un proceso penal por un altercado con funcionarios de PoliVargas.
Ahora, sin mayores explicaciones, han sido destituidos Hernando Contreras y Yoraco Bauza, quienes tenían siete años en la Fiscalía y estuvieron encargados de causas que originaron conmoción pública.
Aunque Sonia Buznego y Turcy Simancas también fueron relevadas del caso Anderson, siguen siendo fiscales. Actualmente tienen en sus manos el juicio contra los comisarios y funcionarios de la PM por los sucesos del 11 de abril de 2002; una causa que impulsó Luisa Ortega Díaz y que la Fiscalía está empeñada en concluir con una sentencia condenatoria.
Está planteado que Buznego y Simancas concluyan su carrera fiscal con la jubilación; claro está, después de que cumplan su misión como acusadoras del Caso Llaguno. Fuentes del Ministerio Público especulan que no se puede correr el riesgo de perder el juicio más complejo sobre el 11-A.
¿Por qué y para qué?
El relevo de fiscales que habían alcanzado tanta notoriedad implica un golpe de timón en la etapa final del proceso iniciado en noviembre de 2003. Y, probablemente, también en la conducción de la Fiscalía, aunque se pensaba que Luisa Ortega Díaz era la mano derecha de Isaías Rodríguez.
Cuando asumió las riendas de la Fiscalía, Ortega anunció una cruzada contra la corrupción.
Al parecer, ello presuponía un saneamiento puertas adentro.
Fuentes del Ministerio Público aseguran que desde diciembre pasado estuvo previsto el relevo de los fiscales del caso Anderson, lo cual coincide con el momento en que Hernando Contreras, quien ahora figura como denunciante de Rodríguez, solicitó un reposo médico que habría impedido su destitución.
En términos procesales, la designación de Roberto Acosta y Jesús Gerardo Peña (¿nuevos power rangers?) como fiscales del caso Anderson puede obedecer a dos intenciones: el cierre definitivo del caso (sobreseimiento) por falta de pruebas o la búsqueda de las que sean suficientes para fundamentar una acusación contra los presuntos autores intelectuales.
El Nacional, Venezuela
http://www.megaresistencia.com/portada/content/view/1788/1/
No hay comentarios:
Publicar un comentario