Nadie prestaría demasiada atención en Venezuela si le hablan de Edgar Siles. Pero su nombre, conocido por los bolivianos, no debería pasar inadvertido: aparece resaltado en una denuncia presentada en febrero por Porfirio Quispe, presidente del Comité de Defensa de la Industria Nacional de Bolivia, ante el despacho de Nardy Suxo, viceministra de Transparencia y Lucha Anticorrupción del gobierno de Evo Morales. El dirigente reseñó el caso de Siles y sus familiares para pedir una investigación sobre el supuesto manejo irregular de fondos venezolanos en un plan de créditos a microempresarios desarrollado como parte del Tratado de Comercio de los Pueblos de la Alternativa Bolivariana para las Américas (TCP-ALBA). "En el pasado, los recursos que enviaron otros países también fueron desviados porque no había institución que les diera seguimiento. Los grupos organizados que lo hacen están activos y tienen infiltrado al Gobierno ", dice el gremialista.
Quispe es un pequeño empresario, de origen indígena, dedicado a las confecciones de cuero. Su negocio está en una feria de productos bolivianos que se encuentra en la planta baja de un edificio comercial paceño. La organización que preside ha demostrado capacidad de movilización: las manifestaciones convocadas contra la importación de ropa usada crearon suficiente presión para obtener un decreto favorable.
Ahora el dirigente ha puesto sus energías en seguir la pista de 15 millones de dólares para microcréditos, que se traducían en maquinarias y capital operativo. En la pesquisa, concluyó que Siles logró el equivalente a 60.000 dólares para 4 empresas de confección de jeans (la suya, la de su esposa, la de su hijo y la de un hermano) y para una carpintería y una joyería con las que estaba relacionado.
Quispe tiene noticias de que los recursos se otorgaron a personas que no eran productores o no cumplían con los requisitos en 80% de los casos. "Tengo nuevas pruebas que mostraré". Hubo financiamientos despachados con la mera firma de recibos, según testimonios de beneficiarios.
La denuncia empaña el libro de contabilidad del ALBA, un mecanismo de integración hemisférica apuntalado por el presidente Hugo Chávez para generar un contrapeso a la política exterior de Washington.
En abril de 2006, Evo Morales adhirió a Bolivia al acuerdo del cual formaban parte Cuba y Venezuela. Surgió un eje de gobiernos revolucionarios.
La cooperación venezolana en territorio boliviano, desde entonces, se ha extendido a asuntos energéticos, educativos, agrícolas, industriales, militares, productivos, comunicacionales, médicos y humanitarios, si se hace una lista mínima. Los opositores a Morales, encabezados por el partido Podemos, cuestionan la creciente influencia del jefe del Estado venezolano y consideran que Chávez usa el dinero de la renta petrolera para consolidar un proyecto político continental. Sólo a través del Tratado de Comercios de los Pueblos -sin incluir otras inversiones- se inyectaron 100 millones de dólares en préstamos y 30 millones en donaciones para Bolivia, uno de los países más pobres de Latinoamérica.
La construcción de un aula de clase, de un dique en un río, de un cuartel o de una planta para procesar mate de coca; la emisión de una cédula de identidad, la beca de un estudiante o la alfabetización de un campesino; para todo se cuenta con recursos venezolanos. En un día cualquiera de la semana, Morales entrega cheques (la prensa local los bautizó "petrocheques") a los alcaldes para cumplir proyectos de interés social. Pero el flujo de dinero no sólo ha despertado las inquietudes de los opositores, quienes consideran inauditables los recursos venezolanos.
El propio Gobierno, incluso, ha debido abrir averiguaciones destinadas a velar por el buen uso del dinero.
En averiguación.
Nardy Suxo, viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, concedió una entrevista telefónica -que dio por terminada a los 13 minutos- en la que dijo lo siguiente: "Cualquier acto de corrupción perjudica cualquier proyecto, no sólo los del TCP-ALBA". Explicó que por recomendación de su despacho comenzó a efectuarse el 8 de febrero una "auditoría muy profunda" en el Ministerio de Producción y Microempresa a propósito del uso de las partidas a las que Quispe le hizo seguimiento. La funcionaria no adelantó criterio sobre el fondo del asunto y sólo se limitó a detallar los pasos que seguirán.
Se espera que el informe final de los auditores sea entregado en julio próximo a la Contraloría General de Bolivia, la cual deberá certificar si la investigación fue transparente y si hay elementos que comprometen la responsabilidad de funcionarios en actos contrarios a la ley. El expediente, en último caso, podría ser remitido al Ministerio Público para el desarrollo de investigaciones penales.
Quispe afirma que tiene claro cómo operó la entrega de los fondos. Dice que hubo dirigentes -entre ellos Siles- que crearon falsas centrales de microempresarios a través de la afiliación directa de los interesados en los fondos. De esa manera, obviaban el paso de trabajar con asociaciones previamente constituidas y controlaban las listas de proyectos y beneficiarios en combinación con el Ministerio de Producción y Microempresas, donde funcionaba una unidad de seguimiento de los proyectos del TCP-ALBA. El denunciante asegura que los implicados en las redes cobraban a las personas que pretendían acceder al programa: "La ex ministra Celinda Sosa y el ex viceministro Ramiro Uchani trabajaban con ellos".
En el escrito presentado por Quispe también se mencionan a cuatro parejas de hermanos que supuestamente recibieron recursos por presentar proyectos a nombre de iniciativas con diferentes razones sociales. El gremialista calcula que en la muestra documentada -que corresponde a casos ocurridos en el departamento de Cochabamba- se comprobó la entrega irregular de 170.000 dólares. Otros interesados también se mantienen atentos. El 9 de marzo, el diario La Prensa publicó el caso del dirigente Macario Villanueva, que supuestamente recibió un crédito de 30.000 dólares cuando el límite era de 15.000 dólares.
Tras la pista.
Los reporteros bolivianos siguen la pista del dinero desde el 20 de octubre de 2007, cuando La Prensa publicó una información según la cual faltaban los soportes de 11 millones de dólares de la partida de los microcréditos, ahora sometida a auditoría, y que por ello los funcionarios venezolanos detuvieron el plan. El diario reseñó los nombres de beneficiarios que aparecían en las listas oficiales como si hubieran cobrado montos completos, cuando en realidad sólo habían recibido adelantos. La entrega de dinero era aprobada por el Comité Binacional -constituido por cuatro ministerios bolivianos y la embajada venezolana- y canalizada a través del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes-Bolivia, según la versión oficial). "Mi nombre está envuelto en una situación complicada. Pero nunca el dinero pasó por mi despacho", afirmó Celinda Sosa, quien ahora es la delegada departamental del Gobierno en Tarija. Hasta 2007 se entregaron 6 millones de dólares en anticipos a 667 proyectos. En el momento que estalló la denuncia, faltaba desembolsar los fondos restantes. "Nunca hubo desvío. Ese dinero no se ha movido del Bandes".
Siles, consultado para este trabajo, dijo que sólo su esposa fue beneficiada con un microcrédito. También indicó que en un congreso en el que participaron más de 500 personas se le confirió representatividad para actuar en nombre de una confederación y una federación del sector. "El presidente Morales me conoce. Cualquier autoridad puede confirmar que lo que digo es cierto, estoy a la orden". Siles, además, recuerda que la mayoría de las microempresas en Bolivia estaban constituidas por familias y que no estaba prohibida la postulación de parientes para buscar los recursos.
Inutilizados.
Las noticias sobre los tractores Venirán, fabricados en Ciudad Bolívar con cooperación iraní, también avivan la controversia sobre el uso de los recursos venezolanos. Caracas concedió a La Paz, hasta finales de 2007, un total de 340 unidades para apoyar la mecanización del agro. "Se trató de una donación venezolana", precisa Hugo Salvatierra, ex ministro de Desarrollo Rural. La maquinaria era entregada a las comunidades, las organizaciones campesinas y las alcaldías sin implementos básicos como el arado y las rastras. Los beneficiarios se comprometían a cumplir una condición: completar los accesorios. Pero no siempre respetaron el acuerdo y condenaron los tractores a la muerte por mengua. "A muchos se les ha dado un mal uso, pero hay otros lugares donde sí los aprovechan", señala el ex funcionario. Salvatierra recuerda que la unidad ministerial que podía hacer seguimiento de la dotación estaba constituida por cuatro funcionarios.
La reportera Gisela Alcócer, del diario Los Medios de Cochabamba, recorrió en abril los municipios Ucureña, Tarata, Anzaldo, Sipe Sipe y Colcapirhua. Descubrió diez tractores Venirán que estaban arrumados y a la intemperie.
La mayoría se encontraba en casas de dirigentes del Movimiento al Socialismo, partido gobernante. Uno, según la investigación periodística, estaba en la residencia del senador Omar Fernández y era alquilado por horas. Ucureña es considerada la cuna de la primera reforma agraria boliviana de 1953. Morales encabezó allí, el 2 de agosto de 2006, el acto de entrega de un lote de 50 máquinas venezolanas con motivo del lanzamiento de un plan para acabar con el latifundio y revolucionar el campo. Al cabo de dos años, de acuerdo con los hallazgos de Alcócer, la donación no había sido aprovechada para los propósitos originales.
En abril de 2007, un grupo de alcaldes del departamento de Oruro admitió que los tractores permanecían parados dos meses después de haber sido entregados por Morales. Susana Rivero, ministra de Desarrollo Rural, respondió entonces que el Gobierno no completaría los accesorios y recordó a los beneficiarios que debían cumplir sus compromisos. A los asesores de prensa de la funcionaria se les hizo llegar una consulta escrita para establecer el número de tractores venezolanos que estaban inoperantes, pero el requerimiento no fue respondido. Edwin Jiménez, diputado de Podemos, también hizo una petición de información semejante. "Hemos recibido las denuncias y las investigaciones de prensa las confirman". El despacho adelanta un censo para establecer el número de las máquinas operativas en Bolivia.
El programa de mecanización del agro ha constituido un dolor de cabeza para el Gobierno boliviano. Además de las donaciones venezolanas, las autoridades entregaron a crédito tractores chinos, españoles y argentinos comprados con financiamiento propio e internacional. Una auditoría ordenada por Rivero arrojó que 276 máquinas se entregaron con problemas de documentación.
El informe comprometía la responsabilidad de Salvatierra en el desvío de 98 tractores FIAT, caso por el que podría enfrentar un juicio. "Nada tienen que ver con los aportados a través del TCP-ALBA", aclara el ex ministro, quien dijo que es víctima de un ataque político de sectores cuyos intereses se ven afectados por el modelo de integración Caracas-La Paz. La viceministra Suxo no quiso ni afirmar ni negar que hubiera corrupción asociada a los tractores venezolanos y dijo que el caso había pasado a manos de la justicia.
Sin aprobación. Jiménez señala que el TCP-ALBA no tiene la aprobación del Congreso de la República de Bolivia y, por esa razón, contraviene la Constitución. Interpreta que el pueblo boliviano no tiene que responder por el dinero entregado por Venezuela a través de un mecanismo nulo: "Es lamentable para ustedes, pero es la verdad". Los opositores de Morales cuestionan además que el dinero de la cooperación no ingresa al Tesoro General de la Nación y tampoco se distribuye en partidas presupuestarias antes de ser ejecutado. Esto, dicen, dificulta las labores de contraloría. El parlamentario afirma que 275.000 dólares fueron empleados para comprar una sede para la Confederación Obrera Departamental de Cochabamba: "Ésa es una entidad privada".
Las peticiones de información a las autoridades bolivianas, presentadas a lo largo de un mes, no fueron atendidas. Tampoco ofrecieron respuestas Julio Montes (embajador de Caracas en La Paz) ni Jorge Alvarado (embajador de La Paz en Caracas). El TCPALBA es una realidad en Bolivia, pero las dudas se asoman sobre el uso efectivo y la fiscalización del dinero venezolanos. Los revolucionarios saben que la corrupción es una amenaza.
El Alto de pie con dinero venezolano
En el colegio de la Villa Tunari de El Alto, en Bolivia, los niños corretean en una cancha deportiva que fue construida con fondos venezolanos. Hasta hace unos meses, el patio de la institución era una pequeña sabana de tierra, semejante a un estacionamiento abandonado.Fernando Espinoza Bráñez, director del centro educativo al que acuden 1.300 estudiantes, está feliz con la obra y espera la finalización de otras: un nuevo edificio de aulas y un gimnasio techado, con gradas, donde 2 equipos de muchachos ya juegan un partido de futbolito.
"Estamos agradecidos", afirma el educador.
El Alto está en el departamento de La Paz. Los primeros asentamientos surgieron hace 70 años. Está sobre los 4.000 metros de altura y tiene cerca de 1 millón de habitantes. Es la ciudad de crecimiento demográfico más acelerado en el país y la mayoría de los residentes son inmigrantes indígenas aymaras y quechuas.
Los datos oficiales indican que 75% de sus habitantes es pobre y que otro 10% está cerca del umbral. A un venezolano le puede dar la impresión de que se trata de un barrio inmenso, pero es tan elevado que nieva.
Hasta en los documentos oficiales aparece un lema que expresa la combatividad de la comunidad: "El Alto siempre de pie, nunca de rodillas".
En un día tranquilo, la gente se reúne en la calle para protestar por la falta de gas doméstico.
El Alto es considerado uno de los principales bastiones de apoyo del presidente Morales, y una zona estratégica por su cercanía a La Paz, sede de los poderes públicos.
En esa localidad es muy evidente el desarrollo de las iniciativas ejecutadas a través del Tratado de Comercio de los Pueblos de la Alternativa Bolivariana para las Américas (TCP-ALBA). Evo Morales se sumó a ese acuerdo en abril de 2006 junto con sus homólogos Hugo Chávez y Fidel Castro, y ello se tradujo en una inyección de recursos aportados por Venezuela para financiar proyectos con fines sociales en Bolivia.
Diputados.
Espinoza Bráñez asegura que los trabajos en su colegio se deben al aporte exclusivo de Miguel Machaca, diputado del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales. Cuatro parlamentarios de esa organización política manejan 2 millones de dólares, 500.000 dólares cada uno, para hacer realidad en El Alto los ideales de la integración latinoamericana, refieren sus habitantes.
Recibieron el dinero de manos de Morales, a través de la iniciativa Bolivia Cambia, Evo Cumple, el programa marco para la entrega de cheques.
Los principales ejecutores son los alcaldes, aunque hay excepciones. Los recursos se emplean para proyectos de infraestructura y equipamiento en las áreas de salud, educación, deporte, agricultura y vialidad.
El diario La Prensa informó en octubre de 2007 que el plan se puso en marcha por el supuesto uso irregular de los fondos destinados a los microempresarios. En la televisión oficial, sin embargo, se repite de manera incansable una propaganda en la que se destaca que el presidente incrementó la velocidad en la distribución de los recursos de la cooperación internacional.
En la avenida Juan Pablo II funciona un centro de ayuda oftalmológica de lo que en Venezuela se conoce como Misión Milagro. En el Alto Lima fue construido el Hospital General de Chacaltaya, que es atendido por médicos cubanos y ofrece servicios gratuitos (nada en su fachada habla de aporte venezolano alguno).
En Villa Dolores se levanta otro colegio llamado Eva Perón con dinero aportado por Chávez.
Una piscina. Fanor Nava es el alcalde de El Alto. También recibió del presidente boliviano los cheques con los montos iniciales para echar a andar la construcción de una piscina municipal y de la sede del Instituto Comercial Superior (un centro de estudios), esta última a un costo de 1,5 millones de dólares, aproximadamente. Hasta hace un mes, las obras habían avanzado en 15%. La instalación deportiva ha sido replanteada, para establecer si se puede construir una piscina olímpica por solicitud de las comunidades.
La viabilidad técnica está sometida a estudio. Según los parámetros del Comité Olímpico, la altura de la ciudad impide construir una alberca. La profundidad también preocupa a las autoridades porque casi nadie sabe nadar en El Alto.
Además, el presupuesto público debería destinar una suma diaria de 62.000 bolivianos (9.000 dólares) para mantener el agua a una temperatura adecuada durante 6 horas con un sistema diesel.
"La ayuda venezolana es rápida y efectiva, no había visto algo parecido", señala Nava. El acceso a los recursos depende de la presentación de un proyecto que es evaluado y aprobado previamente por el Comité Binacional. El primer cheque adelanta -según el alcalde- un monto de hasta 40% de la obra.
El dinero es depositado en una cuenta del municipio en el Banco Central. "Es obligatorio relacionar los fondos en el Plan Operativo Anual del municipio y reformularlo como una donación", explica Nava. En los convenios que se firman se expresa que tres organizaciones sociales deben participar en la contraloría del uso del dinero. "La gestión en una ciudad como El Alto es muy compleja, por la envergadura de las necesidades que tiene", añade.
Antonia Rodríguez Medrano, presidenta de la Comisión de Protección Social del Concejo Municipal, defiende los principios del modelo de integración del ALBA, orientado a las personas y no al beneficio de las grandes empresas: "Se han llevado vehículos para apoyar a pequeños productores hasta lugares donde nunca antes habían llegado". Pero también reclama la lentitud de la ejecución, que atribuye a la confianza que se ha depositado en compañías privadas.
El nombre del presidente Hugo Chávez también repica en El Alto. "Soy su gran admiradora.
Que siga adelante con su política socialista y humanista. Con respecto al TCP-ALBA puedo decir que es muy positivo, porque atiende a la gente realmente necesitada. Recomiendo que haya planes destinados directamente a atender a las mujeres", apunta Luci Halcón, secretaria general de la Federación de Mujeres de El Alto. Cree que todavía se puede ir más allá.
El Nacional
Siete Días
http://www.megaresistencia.com/portada/content/view/2365/1/
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