Chávez desea ansiosamente un alzamiento, por eso lo provoca

El Mico-Mandante tendrá el alzamiento que tanto desea... más tarde, todavía no es el momento.
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La provocación cada vez es más descarada, Chávez sabe que conspiran y se le hace imposible detener el desenlace que se aproxima. Lo dice hoy Pablo Aure en su columna semanal en “El Carabobeño“.

La provocación cada vez es más descarada, Chávez sabe que conspiran y se le hace imposible detener el desenlace que se aproxima. Gente identificada con esta indescifrable revolución, día a día se suma no a los cuarteles invisibles, sino al batallón de los inconformes y de los estafados. Por otra parte, dentro del gobierno, los mercenarios de la función pública, los vivos, a los que les gusta tomar whisky 18 años y las camionetas Hummer se desconciertan y con un agudo olfato también sienten que algo anda mal, se niegan a perder la posibilidad de seguir enriqueciéndose con los dineros públicos, ellos no tienen dudas de que el final lo tienen a la vuelta de la esquina; se preocupan cuando ven a su líder desesperado, gritando e insultando, no les gusta cuando el jefe comienza sus discursos en tonos amenazantes, pues perciben que son síntomas de debilitamiento.
El descontrol en el gasto público le abrió una tronera a este barco revolucionario. Su capitán resultó ser un bocón y de tanto libar poder se embriagó junto a sus marineros aduladores, y ahora, con la nave encallada, intenta que se produzca un motín para utilizarlo como salvavidas. Si el motín nuevamente fracasa, culpará a los amotinados del naufragio y de esa manera escondería las verdaderas razones que, en este caso, son su impericia e imprudencia, las cuales hicieron posible que el tanquero Venezuela se hundiera.

Chávez desea ansiosamente un alzamiento, por eso lo provoca. Lo ocurrido el 12 de octubre en la Asamblea Nacional es una clara demostración de lo que estoy afirmando. Eliminar el debido proceso y el derecho a la información durante los estados de excepción no puede tener una razón distinta a la de estimular un golpe, o dicho en términos correctos y adecuados a la doctrina constitucional, poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución tal y como lo consagra el artículo 333 de la CRBV: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

No deberíamos seguir perdiendo el tiempo insistiendo en que lo que pretende hacer el ciudadano presidente de la República a través de la Asamblea Nacional en ningún caso lo podemos calificar de reforma, pues mediante la reforma jamás estaría permitido cambiar al gobierno de pluralista a socialista, o hacer que una misma persona pueda ejercer el cargo de presidente de la República indefinidamente, por cuanto eso trastocaría el principio de la alternancia en el ejercicio del poder que caracteriza a los sistemas democráticos y presidencialistas.

Será cuando el soberano lo decida

Probablemente en diciembre se materialice el fraude a la Constitución pero el gobierno sabe que, desde el mismo instante de aprobarse la mal llamada reforma, la pelea con el pueblo no será convencional, la guerra dejará de ser en los periódicos, los medios de comunicación dejarán de ser visitados constantemente por figuras opositoras, las cárceles se llenarán, habrá uno que otro desaparecido, pero como ellos lo saben, en las guerras asimétricas el poderoso tiene todas las de perder, lucharán contra fantasmas que cada día se multiplicarán.

La pelea no será jurídica, se invocará la tesis de Santo Tomás, la insurrección popular será el único y último de los dispositivos del cual dispondrá la sociedad democrática venezolana…., pero todo debe ser a su tiempo… no cuando Chávez lo desee.

Burla incitadora

La explicación que dio la diputada Cilia Flores, presidenta del Poder Legislativo, para justificar la supresión del debido proceso y el derecho a la información durante los estados de excepción, es realmente vergonzosa. Según ella, con la eliminación de estos derechos se les da “un parao a los desestabilizadores y a los golpistas”. Ella, la diputada Flores, a pesar de ser abogada, con las declaraciones del 12 de octubre demostró que no conoce o no sabe en qué consiste el debido proceso, si hubiese conocido su trascendencia, la justificación hubiese sido otra, quizá la misma que enmarañadamente utilizó el diputado Carlos Escarrá que, al salir del recinto de la Asamblea Nacional y ser consultado por los periodistas, falazmente aseguró que ninguno de esos derechos se había eliminado.

La burla de la diputada Flores para con la inteligencia del venezolano es tal que llegó al extremo de afirmar que los cambios al artículo 337 constitucional obedecen a las exigencias que el pueblo formuló durante las consultas, es decir, durante el demagógico parlamentarismo de calle. O sea, los ciudadanos, según Cilia Flores, le solicitaron a la Asamblea Nacional que les quitarán del texto constitucional la prohibición de ser detenidos sin orden judicial, pero, además, el pueblo que supuestamente escuchó la diputada Flores pidió que de ahora en adelante no se les debe presumir inocentes, ni tener derecho a la defensa, y renuncian al derecho de ser oídos, a ser juzgados por sus jueces naturales, y podrán confesarse culpables y aceptarán ser juzgados y condenados por actos que no fueren delitos. Quien le puede creer semejante chifladura a Cilia Flores… ¡¡¡Por Dios…!!!

La reacción del profesor Héctor Faúndez, director del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, no se hizo esperar y al referirse a las modificación del artículo 337, categóricamente señaló que eso es incompatible con la Convención Americana de los Derechos Humanos, cuyo artículo 27 señala que no se pueden suspender las garantías judiciales indispensables para la defensa de los derechos que se mencionan en la misma disposición, manifestando, además, que tal eliminación constituye un retroceso respecto al principio de la progresividad que consagra el texto constitucional.

El principio al cual se refirió el profesor Faúndez está plasmado en el artículo 19 constitucional que textualmente nos dice: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”.

Y si por casualidad todavía hay personas que dudan sobre el carácter provocador del contenido de la reforma, basta ver que señores como Darío Vivas, que merece cualquier calificativo menos el de jurista o estadista, son los que salen a la palestra dando explicaciones de cómo a su juicio con la eliminación del derecho a la información y al debido proceso no se afecta el principio de progresividad de los derechos humanos.

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