Todo parece indicar que para Chávez está próxima la hora de la verdad.
El ex guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, consultor para la resolución de conflictos internacionales y profesor de la Universidad de Oxford, perfiló esta semana en el diario El País de España (“No hay mal que por bien no venga”) las enormes dificultades, muchas de ellas insalvables, que deberá enfrentar Hugo Chávez una vez conseguido el propósito de modificar la Constitución a favor de la tan ansiada presidencia vitalicia.
Considera Villalobos que la reelección indefinida es un “mal benigno” de cara al futuro. “El modelo de asistencialismo, agitación y movilización permanente basado en culpar al enemigo de los problemas generados por la incapacidad propia, no es eterno. Luego de 10 años, el ciclo de inclusión e identidad de los nuevos electores chavistas entrará en una etapa de mayor madurez y pronto comenzarán a exigir soluciones a sus problemas concretos de empleo, inflación, inseguridad y escasez. El gobierno de activistas en rotación permanente que Chávez mantiene, no tiene ni idea de cómo resolver estos problemas. Petróleo barato, demasiados gastos, mantener a Cuba, Bolivia y Nicaragua, ciudadanos más demandantes, incapacidad para administrar y cultura del despilfarro, son un callejón sin salida; por lo tanto, el reto principal es la capacidad de la oposición para unificarse”.
El insigne jesuita Luis Ugalde, rector de la UCAB, decía en El Nacional (“Enemigos del gobierno”) que el clamor colectivo “sube de tono a medida que las promesas se gastan y la baja de los precios petroleros acelera el malestar cotidiano”. En la misma línea de Villalobos, Ugalde señala que Chávez busca enemigos fuera “cuando resulta que los tiene dentro” y cita unos cuantos: “corrupción e ineficiencia; adulación y servilismo; descalificación y exclusión; falta de diálogo productivo y modelos fracasados e indeseables juntas externas” (Cuba, Zimbabwe, Corea del Norte e Irán). El resultado es una extendida critica internacional, como el reciente informe del Departamento de Estado con graves denuncias sobre corrupción, politización de la justicia, acoso a los medios libres, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a los derechos de los trabajadores y virtual eliminación de los sindicatos libres. O las críticas del Parlamento Europeo a propósito del “secuestro” y expulsión del país de uno de sus miembros que nos visitaba como observador electoral.
Cuando el ministro de Finanzas afirma que la economía venezolana puede sostenerse tres años más sin sacrificios (desmentida con urgencia al siguiente día) y la más inverosímil aún, que el gobierno cuenta con unos $ 70 mil millones para paliar la crisis, las protestas laborales las desmienten. Las cuentas oficiales no cuadran y como cerca del 60% de sus electores son descritos por las encuestas como “transaccionales”; es decir, aquellos que “si no hay real, no hay voto”, todo parece indicar que para Chávez está próxima la hora de la verdad. Esta semana han recrudecido las protestas en la zona del hierro (”en la CVG no hay para pagar la nómina del viernes”, informa Reporte del 26F). O las protestas de los trabajadores petroleros porque no les pagan. El sindicalista Germán Cortés contaba a URadio que en Lagunillas están en emergencia “porque Pdvsa le debe a las contratistas y éstas a las clínicas y éstas a las farmacias y éstas a las droguerías; esto es un caos”. Los sindicatos eléctricos están anunciando una huelga nacional; los trabajadores del Metro de Caracas protestan diariamente, al igual que los médicos y personal de salud al servicio del Estado.
Si el gobierno tuviera esos $ 70 mil millones de los que habla, los funcionarios de Minfinanzas y Pdvsa no estarían viajando por el mundo tratando de conseguir desesperadamente recursos a cualquier costo (Reporte 25-02-09), ni se vería obligado a ajustar el presupuesto de 2009 ni estaría a la espera del milagro que haga subir el barril a $ 100, como decía el atorado ministro El Troudi; ni los ministros Ramírez y Rodríguez Araque estarían suplicando a la OPEP que recorte de nuevo la producción para ver si esta vez suben los precios.
La agencia Bloomberg revela que Venezuela no logró avances en la aplicación de una política económica que disminuyera la pobreza, al ocupar el último lugar entre 60 países de todo el mundo, con un vergonzoso 36,8% de tasa de miseria. “La pobreza -concluye acertadamente el ex guerrillero Villalobos- no la resolverán redentores milagrosos, sino instituciones democráticas fuertes, economías productivas, gobiernos eficientes y sociedades tolerantes”. Todo lo contrario de lo emprendido por Chávez mientras dilapidaba más de $ 800 mil millones sin tomar previsiones para que, cuando llegase el temido momento de las vacas flacas, el pueblo no sufriera hambre, desempleo y desabastecimiento. Llegó la hora de la verdad y, muy pronto, la hora de pasar factura.
El Universal
Por primera vez desde el estallido de la crisis global que originó el desplome de los precios del petróleo, en julio de 2008, el Gobierno admite que ha llegado la hora de tomar decisiones económicas. Ningún funcionario se atreve ya a repetir la frase de que el país es “inmune” a la recesión mundial.
Muy por el contrario, se ha admitido que el Ejecutivo trabaja en el diseño de un paquete de medidas que se conocerá en un plazo de semanas.
La primera de ellas se conoció el viernes: el pase a reserva del ministro de Planificación Haiman El Troudi, y la confirmación del dúo Jorge Giordani-Alí Rodríguez, como equipo responsable de manejar la crisis. El Troudi ya había revelado cuál era su plan para afrontar un año de brusca caída de los ingresos fiscales: “Aspiramos a que el precio del petróleo se estabilice en 100 dólares”, dijo el 11 de febrero, cuando el barril caía por debajo de 38 dólares.
El Gobierno, como parecen demostrar los hechos, necesita un plan de acciones concretas, además de la apuesta porque los precios del crudo reboten.
A diferencia de El Troudi, Giordani sí ejecutó medidas de alto impacto cuando fue necesario. Fue jefe de Planificación cuando se devaluó el bolívar de manera explícita en 2004 y de nuevo en 2005. También al momento de imponer el conflictivo impuesto a las transacciones financieras.
Paquete socialista. Pero el ajuste que se aplique ahora podrá o no tener semejanza con los paquetes aplicados por el chavismo durante la última década.
Desde que el Gobierno se declaró socialista, poco después de su victoria en el referéndum de 2004, la bonanza petrolera le había ahorrado a las autoridades la necesidad de tomar medidas severas. Los economistas no se ponen de acuerdo cuando se les pregunta qué medidas creen que anunciará el Gobierno, pero es fácil anticipar que deberán ser, o al menos parecerlo, socialistas.
“El regreso del ministro Giordani me hace pensar que el Gobierno se hace resistente a la idea de la devaluación”, señala Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica.
“Pero hay que recordar que fue durante su gestión cuando se hizo el cambio del sistema de bandas cambiarias al de subastas, que resultó en una devaluación de facto”. Sea como fuere, Oliveros comprende que “las cifras del cuarto trimestre del año pasado encaminan al Gobierno a realizar una corrección cambiaria de importante magnitud”.
Las medidas de corte social, según el analista, seguirán dependiendo de la habilidad redistributiva del Ejecutivo. “Van a tratar de sostener el ritmo de expansión del gasto que traen desde 2002″, pronostica Oliveros, pero esto ocurrirá en compañía de medidas dolorosas: “Van a volver a establecer el impuesto al débito bancario y a subir la tasa del IVA”.
Impacto severo. “Van a aplicar una devaluación de 2,15 bolívares fuertes por dólar a 2,70 ó 3 bolívares fuertes por dólar”, vaticina el economista José Guerra, ex jefe de planificación del Banco Central de Venezuela. “Me temo que el Estado se va a aprovechar de la devaluación para pagarle a los proveedores, contratistas y trabajadores, con quienes existe una gran deuda social, pero lo van a hacer con un dinero que valdrá 30% menos”.
Guerra pronostica que será necesario revisar por completo las premisas con las que se calculó el presupuesto fiscal del 2009 como ha reconocido Rodríguez Araque- y que ello supondrá ajustar la meta de inflación de 15% a 22%, y a reducir la aspiración de lograr un crecimiento de 6%, para conformarse con 2%, el más bajo desde 2003.
También habrá medidas dolorosas por el lado tributario.
Guerra cree que regresará algún tipo de impuesto a las operaciones financieras, y predice la aplicación de un modelo que castigue las transacciones electrónicas.
Cero ortodoxia. “Sé lo que debería hacerse, o lo que creo que puede hacerse de manera ortodoxa”, comenta el economista Pedro Palma, presidente de la Academia de Ciencias Económicas. “La caída de los precios del petróleo después de grandes alzas es algo que ha pasado varias veces en el pasado”, dice para dar una pista.
“Este gobierno no había pasado por una situación tan grave, nadie sabe cuáles van a ser las primeras acciones, pero sí han dicho que van a tomar medidas distintas, así que habrá que esperar a ver cuáles son”.
El analista petrolero Fernando Travieso, por su parte, enfoca todas las hipótesis en un solo escenario: “Lo que se está preparando es un conjunto de medidas con base en diferentes escenarios petroleros. Aún hay que ver cuál de estos escenarios es el que va a guiar a los ministros de Finanzas y de Planificación para anunciar las medidas, pero de lo que está consciente el Gobierno es de que el precio del petróleo va a tender a recuperarse inexorablemente”.
Travieso cita previsiones de la Agencia Internacional de Energía para sostener que a partir de 2010 comenzará una situación de desabastecimiento mundial de crudo que catapultará los precios. “Las inversiones que se requieren para exploración de nuevos yacimientos necesitan un precio que ronde los 70 dólares como mínimo. En caso de que no se consiga ese precio, se va a presentar una escasez de crudo por razones físicas de mercado, una situación inédita por falta de capacidad de producción y no por un problema geopolítico, por lo que el precio se dispararía enormemente”.
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