Análisis: Socialismo a la fuerza

La crisis económica tiene tres vertientes que se están cruzando. Bajos precios del petróleo, un gobierno que no dialoga y un modelo socialista ortodoxo. ¿Será ésta la tormenta perfecta?

Dos corrientes se revelan dentro del chavismo. Una radical que lidera el presidente Hugo Chávez y que se encamina hacia el control de los medios de producción y otra, aún democrática, que defiende un modelo compartido donde se permita y respete la propiedad privada en convivencia con las otras formas de propiedad social promovidas por el Gobierno. Esta última corriente, por ahora incipiente, no cuenta con una figura que la encarne, pero se está manifestando, por ahora tímidamente, en un planteamiento que tiene dos vertientes: una el reconocimiento de que existe una oposición democrática que cuenta con un respaldo significativo y en segundo lugar, que hay que establecer un diálogo con interlocutores válidos de la oposición, sectores laborales y empresariales para atender, en principio, los problemas más urgentes del país que afectan a todos por igual.

En esa segunda línea de pensamiento se han manifestado figuras como José Vicente Rangel y otros voceros que han dejado de ejercer cargos públicos, pero que indudablemente mantienen una importante influencia dentro del chavismo.

Para el momento de crisis económica y social que vive el país no se trata de dos corrientes que se disputan el poder ya que Chávez sigue siendo el líder indiscutido del proceso, pero de la tesis que se imponga dependerán la vida y el bienestar económico y social de todos los venezolanos, eso incluye, no sólo a todos los trabajadores, también a los sectores económicos emergentes que se han desarrollado alrededor del Gobierno.

Con ortodoxia El objetivo del Presidente ha sido muy claro: "El nuevo modelo económico debe estar fundamentado en la propiedad social de la tierra, en la propiedad social de las industrias, en la propiedad de los medios de producción". ¡Entendamos esto!", reafirma el mandatario. Y más adelante señala: "Nosotros no tenemos pacto previsto con la oligarquía, que nadie se equivoque (&) yo no llegué aquí para hacer pactos infames con la oligarquía apátrida (&) no hay pacto con la oligarquía, anótenlo y escríbanlo". Con esa sentencia emitida en la conmemoración de los 150 años de la Guerra Federal, y que ha expresado en diversas ocasiones, el Presidente define la línea de pensamiento que anima a su gobierno frente a otras posturas que buscan la convivencia dentro de la democracia.

A diferencia, José Vicente Rangel por ejemplo ha señalado: "Considero que gobierno y oposición están obligados a ofrecerle a los venezolanos una alternativa con menos tensiones, destinada a romper la polarización y echar las bases de la normalización de la vida nacional". En tanto que José Albornoz del PPT al reflexionar sobre la crisis expresó: "Vienen momentos difíciles que no se pueden resolver solamente con el Gobierno".

La voz de Chávez no ha sido un grito solitario. Desde el canal 8 y desde los cientos de órganos de propaganda ideológica que maneja el Gobierno se promueve la inconveniencia de buscar diálogo: "Ni agua para el enemigo". Y el propio Chávez ha dicho que es falso que la oposición sea la otra mitad del país. A quienes plantean estas posturas se les califica como "reformistas" o aspiran a la convivencia con el capitalismo.

El problema es que detrás del enfrentamiento ideológico, los efectos de la política de nacionalizaciones y de controles que aplica el Gobierno, a lo que se agrega la caída de los precios petroleros, comienzan a hacer estragos en la economía.

Aumentan conflictos El país real que integran los trabajadores, los empleados o los comerciantes, está entrando en conflictos por su propia supervivencia por la cancelación de contratos colectivos, despidos y las amenazas que provienen del propio Presidente.

Según el estudio realizado por el profesor Victorino Márquez, jefe de la cátedra de Derecho Laboral de la UCAB, durante el mes de febrero se produjo un repunte de 14% en los conflictos laborales con 59 casos registrados frente a 45 en el mes de enero. La mayoría de ellos se registró en los entes estatales. Resaltan los casos de las empresas básicas de Guayana, Pdvsa, Metro de Caracas y el sector eléctrico. "Más que conflictos episódicos, puede notarse un conflicto continuado en esos sectores", señala el estudio

Según Provea el período 2007-2008 registró la mayor cantidad de protestas y movilizaciones de los últimos 10 años con 1.763 conflictos registrados, la mayoría de ellos por problemas salariales y de vivienda.

El fondo de esta situación en las empresas estatizadas y el sector público está en un escenario inflacionario que para 2009 se estima que alcanzará 40% y una realidad que no se puede esconder y es que los altos costos de producción, por la ineficiencia y la corrupción, no se pueden mantener indefinidamente en empresas que producen pérdidas. Con un barril de petróleo a 40 dólares, el Gobierno no está en capacidad de subsidiar indefinidamente a las industrias deficitarias y por ello el Presidente le pide sacrificios al sector obrero ya que, como lo reconoció Chávez, los recursos del Estado no alcanzan para atender las reivindicaciones laborales. Este mismo problema estallará en las empresas estatizadas al pretender vender productos regulados por debajo de los costos de producción.

El Presidente ha sido determinante y apelando a su liderazgo le ha dicho a los trabajadores: "El que pare una empresa del Estado está contra el jefe del Estado".

Tal situación también ha generado rupturas en la dirigencia sindical oficialista que se debate entre apoyar incondicionalmente a la revolución o defender los intereses de los trabajadores. Orlando Chirinos coordinador nacional de la oficialista UNT declaró que las amenazas de Chávez contra los trabajadores constituyen "una declaración de guerra contra los que luchan por sus derechos y legítimas reivindicaciones".

Representantes de 14 organizaciones sindicales de base anunciaron el pasado jueves en rueda de prensa la creación de la plataforma Solidaridad Laboral, en respuesta a las agresiones del presidente de la República contra los trabajadores del Metro de Caracas y las empresas de Guayana, que intenta desconocer las reivindicaciones que ha conquistado el movimiento obrero luego de años de lucha.

Las nacionalizaciones como la de Sidor generaron grandes expectativas en los sectores laborales al pensar que con esas medidas, accederían a beneficiosos contratos colectivos que el Gobierno alentaba hasta mediados de 2008. Tales nacionalizaciones se ofrecieron como parte del advenimiento del socialismo, que ha pretendido financiarse con el petróleo.

El modelo socialista que fue rechazado en el referendo del 2 de diciembre de 2007, más tarde fue incorporado en el llamado plan económico y social Simón Bolívar 2007-2013 que fue aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de 2007 y reforzado luego con las leyes de la Habilitante aprobadas en 2008.

Al calor de la ola de nacionalizaciones de empresas productivas de todo tipo, desde el Gobierno se ejercieron presiones sobre el sector privado mediante decretos y leyes que traban y complican la producción. Pero al mismo tiempo, desde los sindicatos paralelos promovidos por el oficialismo se han generado numerosos conflictos cuyo fin último ha sido la nacionalización.

La paradoja es que a las empresas nacionalizadas, como ocurre con las del Estado, se les desconocen las convenciones colectivas, se neutralizan sus sindicatos, a parte de que no se les exige el cumplimiento de los nuevos decretos, como la Lopcymat, que benefician a los trabajadores.

El informe del profesor Márquez destaca que: "Algunos sindicatos se convirtieron en los campeones de la estatización. La vieron como un atajo para alcanzar beneficios que no podían conseguir de los patronos privados. La oportunidad que escogieron no pudo ser peor pues su nuevo patrono, el Estado, está en apuros financieros".

El dilema ahora es que hay una crisis económica en puertas que tiene tres vertientes que se están cruzando. Por un lado los bajos precios del petróleo, un país que no dialoga, y por el otro, un modelo socialista ortodoxo que está mermando la capacidad productiva de la nación.


Francisco Olivares El Universal

Hacia el control estatal

El conjunto de viviendas entregadas por Hugo Chávez en La Rinconada bautizada con el nombre de Cacique Tiuna, se transformó en modelo para las comunas que promoverá el Gobierno en todo el territorio y que forman parte de la nueva concepción colectiva de la propiedad.

El proyecto en el cual operarán empresas socialistas manejadas por la misma comunidad se inscribe en lo que ha sido llamado Plan Socialista 2007-2013.

El plan hace énfasis en que las relaciones de producción están basadas en la propiedad social de manera que priva la propiedad colectiva sobre la individual.

El programa está planificado para ejecutarse en seis años y apunta a establecer el modelo socialista con nuevas formas de distribución de los excedentes económicos.

El esquema estará conformado por empresas que están basadas en diversas formas de propiedad social que comprenden la propiedad autogestionaria, asociativa y comunitaria y se descartan las cooperativas.

Allí se destaca que en la actualidad las empresas privadas están por encima de las empresas del Estado, pero con el plan socialista, eso se invertirá, es decir, las empresas de economía socialista tendrán que estar por encima de las empresas privadas.

Pero lo que hay que resaltar es que al lado de la propiedad social, se contempla que el Estado "conservará el control de las actividades productivas que sean de valor estratégico", vale decir casi todo. En este punto está claro que el proceso de nacionalizaciones se inscribe dentro de ese plan que fuera aprobado por la Asamblea Nacional. Pero las empresas del Estado estarán bajo el control del Gobierno y en ningún momento operarán bajo el control de los trabajadores o de las comunidades. Allí el rol patronal seguirá en manos del Gobierno.

Otro aspecto que revela el plan es que está en manos de la industria petrolera la promoción del modelo socialista por lo cual Pdvsa tiene que aumentar su participación fiscal. Ello revela que será cuesta arriba que estas empresas de propiedad social logren ser autogestionarias y que mucho menos logren tener excedentes. De manera que a las deudas que se acumulan en las deficitarias empresas del Estado, se sumarán estas comunas y empresas de propiedad social que sólo podrían ser financiadas gracias al petróleo.

El plan contempla la construcción de nuevas "ciudades socialistas" articuladas en una nueva estructura territorial.


El Universal