Andrés IzarraSegún la periodista de Radio Caracas Televisión Internacional (RCTV) Luisiana Ríos, el Ministro de Comunicación e Información y testigo propuesto por el Estado venezolano en el caso que lleva la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las agresiones a periodistas de ese canal privado, Andrés Izarra, “en un momento bochornoso agredió verbalmente a Carlos Colmenares”, uno de los camarógrafos que sirven de testigos por parte de lo trabajadores de la prensa.
Ríos explicó que el ministro descalificó las destrezas técnicas de este trabajador de RCTV indicándole que por su falta de preparación fue despedido de Telesur. Colmenares dejó en el 2005 el canal privado por decisión propia y trabajó por dieciséis días en la multiestatal, donde lo despidieron presuntamente al enterarse que sería testigo en la CIDH.
Además, la periodista señaló que “hubo una exhortación a que cesen estas agresiones, el discurso divisionista del gobierno para evitar este tipo de violaciones a los derechos humanos”.
Además, la periodista señaló que “hubo una exhortación a que cesen estas agresiones, el discurso divisionista del gobierno para evitar este tipo de violaciones a los derechos humanos”.
Periodistas de RCTV declaran contra Venezuela ante la Corte Interamericana
La Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrollaba este jueves la audiencia final de una demanda contra Venezuela presentada por periodistas de la televisora RCTV, por agresiones y amenazas sufridas mientras cubrían manifestaciones callejeras.
Tres testigos --entre ellos dos camarógrafos de RCTV-- declararon en la audiencia en la sede de la Corte en San José, presidida por el juez Sergio García Ramírez debido a una "leve y transitoria indisposición" de la presidenta del tribunal, Cecilia Medina.
La audiencia, que representa un nuevo 'round' en la larga contienda entre RCTV y el gobierno de Hugo Chávez, comenzó con la declaración del camarógrafo Carlos Colmenares, que relató un incidente ocurrido la noche del 19 de agosto de 2003, cuando -según su testimonio- fue herido por un policía en Caracas durante una manifestación.
"Yo enfoco (la cámara) al último (policía) motorizado, él carga la escopeta y nos apunta", declaró Colmenares. "Dispara y siento los perdigones que me dañan parte del cuello y brazos", agregó, asegurando que cerca de él no había manifestantes, sino únicamente los miembros de su equipo de prensa.
Colmenares declaró que tras ser herido reclamó de inmediato por lo sucedido al jefe del escuadrón policial en el lugar, que desestimó sus quejas.
"El comisario me dijo: 'Le viste el nombre o el número de placa' (al agente que disparó). 'No, imposible', le dije. 'Bueno, no hay nada que hacer' me respondió", relató al tribunal.
Los abogados de ambas partes y un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Sérgio Pinheiro, hicieron preguntas a los testigos.
Asimismo, los abogados de ambas partes, y el representante de la CIDH presentarían sus "alegatos finales orales" del caso antes de que la Corte dicte su fallo, lo que podría tomar unos cuatro a seis meses, dijeron los litigantes.
Los otros testigos citados son el camarógrafo Antonio Monroy y, por la parte contraria, el ministro de Información venezolano, Andrés Izarra.
Venezuela ha insistido en que no existen pruebas de que las agresiones y amenazas hayan sido obra de agentes del Estado, y que el gobierno de Chávez no ha afectado el derecho a la libre información.
El abogado de Venezuela, Germán Sanstron, así como los de los demandantes, Pedro Nikken y Carlos Ayala, estaban optimistas con esta audiencia.
"Creemos que éste es un caso muy importante para establecer estándares en este continente de que los periodistas no pueden ser impunemente agredidos", dijo Ayala a la AFP. "Queremos que se establezcan las responsabilidades internacionales del Estado y se respete el derecho a la libertad de expresión", agregó.
Una veintena de reporteros y camarógrafos de RCTV presentaron la demanda, aduciendo que fueron amenazados y agredidos mientras cubrían manifestaciones, sin que las autoridades investigaran adecuadamente los hechos ni sancionaran a los responsables.
Chávez decidió en 2007 no renovar la concesión de RCTV para transmitir en señal abierta, por lo que ahora su programación sólo llega a abonados por cable.
Globovisión
Los milicianos estarán sometidos a la disciplina militar
• Advierten que desaparece el carácter profesional y apartidista de la FAN.
• Temen impacto negativo en el presupuesto del sector castrense e incremento de inconformidades en los cuarteles.
• Milicias custodiarán reserva estratégica de alimentos.
La formal incorporación de la Milicia Nacional a la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana implica que los ciudadanos que voluntariamente se incorporen a la defensa de la Nación adquieren los mismos derechos y deberes que los funcionarios activos del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional y, en ese sentido, están sometidos al régimen disciplinario y al sistema de justicia militar, en los términos establecidos en la reforma a la ley que rige la institución castrense, que se llevó a cabo a través de la Ley Habilitante.
En la advertencia coincidieron los generales retirados Gonzalo García Ordóñez (Ej) y Régulo Díaz Vega (GN). Explicaron que el peligro es que "el pueblo en armas", que pretende organizar el presidente Hugo Chávez, tenga que rendir cuentas ante tribunales militares y no civiles. El principio constitucional del juez natural se relaja con consecuencias impredecibles.
García Ordóñez razonó que es irrelevante que la Milicia Nacional Bolivariana constituya un quinto componente de la FAN "como organización operacional", tal como indica el artículo 5 de la ley que entró en vigencia el pasado 31 de julio: "Lo sustancial es que no tiene cabida en la Constitución vigente y, sobre todo, que fue rechazada por la mayoría de los venezolanos en el referéndum del pasado 2 de diciembre. La milicia impuesta por Chávez es un hijo ilegítimo, que nació de una violación, de la violación de la Carta Magna".
Destacó que el artículo 2 de la nueva ley no deja lugar a dudas sobre la sujeción de los milicianos a las reglas que imperan en los cuarteles: "Las disposiciones del presente decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica, se aplican a las personas al servicio de la Fuerza Armada Bolivariana" El general invitó a recordar el perfil del reservista: un fervoroso partidario del Presidente de la República, pero también un ciudadano que ya concibe como un derecho adquirido la remuneración, más o menos permanente, que percibe por su incorporación a alguno de los programas sociales del Gobierno. Con ello, trató de ilustrar el desconocimiento de los dos preceptos constitucionales que definen la FAN: su carácter esencialmente profesional y el impedimento de militancia partidista de sus integrantes: "Está muy claro, los milicianos que ha promovido el Presidente no son profesionales y sí son militantes partidistas".
El dinero que repartirán.
El general Díaz Vega recordó que hasta el presente la Reserva Nacional (que Chávez quería convertir en milicia a través de la fallida reforma constitucional y que ahora, mediante la Ley Habilitante, logró anexar a los componentes de la FAN) estaba adscrita al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia y contaba con un presupuesto propio.
Con la modificación de la ley, la milicia pierde autonomía financiera y funcionará con recursos del presupuesto asignado al Ministerio de la Defensa. Entre otras consecuencias, Díaz Vega presagia una hipertrofia de la nómina y de los gastos de dotación, capacitación y entrenamiento de los milicianos. Además, teme un colapso del sistema de seguridad social de la FAN: lo que debía invertirse en el bienestar de 100.000 hombres, ahora tendrá que ser repartido entre millones, según las aspiraciones gubernamentales sobre el crecimiento y consolidación de la milicia.
El escenario que Díaz Vega describe pudiera complicar y quizás retardar la promulgación de la ley de seguridad social de la FAN.
Según el general, en la actualidad la Fuerza Armada Nacional no opera como una institución profesional, sino como un ejército pretoriano y servil al régimen. En su opinión, no es verdad que todos estén conformes con la obligación de saludar con el "Patria, socialismo o muerte". Tampoco cree que la milicia tiene buena acogida en los cuarteles, y considera que la mayor resistencia a la partidización proviene de los cuadros medios.
"Yo creo que estamos ante una situación que generará una perturbación dentro de las FAN. Como no hubo consulta alguna y los cambios fueron tan bruscos, todavía no han sido evaluados por los oficiales", afirmó Díaz Vega. Pero aclaró que tal perturbación no necesariamente tiene que desembocar en ruido de sables.
El Nacional
Edgar López
La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria prevé la creación de la reserva estratégica de productos, insumos y recursos financieros para garantizar el pleno abastecimiento, en caso de desastres naturales, conflictos militares e incluso bloqueo internacional. "El comportamiento de las reservas internas de alimentos debe prever agresiones militares contra la paz de la República o la interferencia de potencias extranjeras en el desempeño normal de la comercialización internacional de productos agroalimentarios", argumenta la exposición de motivos de esta ley.
Indica además que ya se ha demostrado la vulnerabilidad de la seguridad interior ante las distorsiones provocadas por los actores con mayor influencia en las cadenas agroalimentarias, que según el Gobierno ha generado alzas de precios inflacionarias y desabastecimiento, con fines políticos, y ha creado zozobra entre la población.
El artículo 26 de este instrumento especifica: "El Ejecutivo mantendrá y promoverá la reserva de alimentos por un mínimo de 3 meses para evitar que se pueda paralizar el proceso de intercambio y distribución de alimentos".
Una vez que se constituya el acopio de alimentos serán las milicias bolivarianas, incorporadas a la Fuerza Armada, las encargadas de custodiar las instalaciones. El artículo 29 de la ley dicta: "La Milicia Nacional Bolivariana será el órgano corresponsable de la custodia permanente de las instalaciones y el contenido de las reservas agroalimentarias estratégicas".
Se prevé que las empresas privadas, productores y todos los integrantes de la cadena agroalimentaria aporten parte de su producción para la formación de esta reserva. A través de resoluciones, el Estado –luego de analizar los planes de siembra, disponibilidad de alimentos, productos e insumos, así como las condiciones de almacenamiento, distribución y ubicación geográfica– determinará el porcentaje de participación del sector privado en este mecanismo de abastecimiento.
Según la Superintendencia de Silos el país cuenta con una capacidad para almacenar 4,6 millones de toneladas de rubros agrícolas e insumos en depósitos. De esta cantidad, 1,2 millones de toneladas están administradas por el Estado.Existe una reserva promedio de 2 a 3 meses de maíz, 5 meses para la leche en polvo (Mercal), y un mes y medio, de arroz.
García Ordóñez razonó que es irrelevante que la Milicia Nacional Bolivariana constituya un quinto componente de la FAN "como organización operacional", tal como indica el artículo 5 de la ley que entró en vigencia el pasado 31 de julio: "Lo sustancial es que no tiene cabida en la Constitución vigente y, sobre todo, que fue rechazada por la mayoría de los venezolanos en el referéndum del pasado 2 de diciembre. La milicia impuesta por Chávez es un hijo ilegítimo, que nació de una violación, de la violación de la Carta Magna".
Destacó que el artículo 2 de la nueva ley no deja lugar a dudas sobre la sujeción de los milicianos a las reglas que imperan en los cuarteles: "Las disposiciones del presente decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica, se aplican a las personas al servicio de la Fuerza Armada Bolivariana" El general invitó a recordar el perfil del reservista: un fervoroso partidario del Presidente de la República, pero también un ciudadano que ya concibe como un derecho adquirido la remuneración, más o menos permanente, que percibe por su incorporación a alguno de los programas sociales del Gobierno. Con ello, trató de ilustrar el desconocimiento de los dos preceptos constitucionales que definen la FAN: su carácter esencialmente profesional y el impedimento de militancia partidista de sus integrantes: "Está muy claro, los milicianos que ha promovido el Presidente no son profesionales y sí son militantes partidistas".
El dinero que repartirán.
El general Díaz Vega recordó que hasta el presente la Reserva Nacional (que Chávez quería convertir en milicia a través de la fallida reforma constitucional y que ahora, mediante la Ley Habilitante, logró anexar a los componentes de la FAN) estaba adscrita al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia y contaba con un presupuesto propio.
Con la modificación de la ley, la milicia pierde autonomía financiera y funcionará con recursos del presupuesto asignado al Ministerio de la Defensa. Entre otras consecuencias, Díaz Vega presagia una hipertrofia de la nómina y de los gastos de dotación, capacitación y entrenamiento de los milicianos. Además, teme un colapso del sistema de seguridad social de la FAN: lo que debía invertirse en el bienestar de 100.000 hombres, ahora tendrá que ser repartido entre millones, según las aspiraciones gubernamentales sobre el crecimiento y consolidación de la milicia.
El escenario que Díaz Vega describe pudiera complicar y quizás retardar la promulgación de la ley de seguridad social de la FAN.
Según el general, en la actualidad la Fuerza Armada Nacional no opera como una institución profesional, sino como un ejército pretoriano y servil al régimen. En su opinión, no es verdad que todos estén conformes con la obligación de saludar con el "Patria, socialismo o muerte". Tampoco cree que la milicia tiene buena acogida en los cuarteles, y considera que la mayor resistencia a la partidización proviene de los cuadros medios.
"Yo creo que estamos ante una situación que generará una perturbación dentro de las FAN. Como no hubo consulta alguna y los cambios fueron tan bruscos, todavía no han sido evaluados por los oficiales", afirmó Díaz Vega. Pero aclaró que tal perturbación no necesariamente tiene que desembocar en ruido de sables.
El Nacional
Edgar López
Milicias custodiarán reserva estratégica de alimentos
El Estado tomará las medidas para garantizar el abastecimiento en casos de contingencias naturales, militares y otras
La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria prevé la creación de la reserva estratégica de productos, insumos y recursos financieros para garantizar el pleno abastecimiento, en caso de desastres naturales, conflictos militares e incluso bloqueo internacional. "El comportamiento de las reservas internas de alimentos debe prever agresiones militares contra la paz de la República o la interferencia de potencias extranjeras en el desempeño normal de la comercialización internacional de productos agroalimentarios", argumenta la exposición de motivos de esta ley.
Indica además que ya se ha demostrado la vulnerabilidad de la seguridad interior ante las distorsiones provocadas por los actores con mayor influencia en las cadenas agroalimentarias, que según el Gobierno ha generado alzas de precios inflacionarias y desabastecimiento, con fines políticos, y ha creado zozobra entre la población.
El artículo 26 de este instrumento especifica: "El Ejecutivo mantendrá y promoverá la reserva de alimentos por un mínimo de 3 meses para evitar que se pueda paralizar el proceso de intercambio y distribución de alimentos".
Una vez que se constituya el acopio de alimentos serán las milicias bolivarianas, incorporadas a la Fuerza Armada, las encargadas de custodiar las instalaciones. El artículo 29 de la ley dicta: "La Milicia Nacional Bolivariana será el órgano corresponsable de la custodia permanente de las instalaciones y el contenido de las reservas agroalimentarias estratégicas".
Se prevé que las empresas privadas, productores y todos los integrantes de la cadena agroalimentaria aporten parte de su producción para la formación de esta reserva. A través de resoluciones, el Estado –luego de analizar los planes de siembra, disponibilidad de alimentos, productos e insumos, así como las condiciones de almacenamiento, distribución y ubicación geográfica– determinará el porcentaje de participación del sector privado en este mecanismo de abastecimiento.
Según la Superintendencia de Silos el país cuenta con una capacidad para almacenar 4,6 millones de toneladas de rubros agrícolas e insumos en depósitos. De esta cantidad, 1,2 millones de toneladas están administradas por el Estado.Existe una reserva promedio de 2 a 3 meses de maíz, 5 meses para la leche en polvo (Mercal), y un mes y medio, de arroz.
El Nacional
K. H.
"El que calla, otorga"
Parlamentarias del Mercosur lamentan silencio del Gobierno por caso de inhabilitaciones
Parlamentarias de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur lamentaron este jueves la ausencia de los voceros del gobierno en las conversaciones que han llevado a cabo en el país sobre el tema de las inhabilitaciones. Adriana Peña, presidenta de la comisión, señaló que fue imposible que el gobierno, aunque fuera de manera extraoficial, les expusiera las razones por las cuales tomó la decisión de inhabilitar a 270 funcionarios, entre ellos, algunos aspirantes a las elecciones regionales.
Peña presentó a los periodistas las solicitudes que ya habían hecho al gobierno, y pese a ello ha prevalecido el silencio. Según la parlamentaria uruguaya, el 6 de agosto enviaron una comunicación, vía fax, dirigida al contralor Clodosbaldo Russián, que fue recibida por Carmen Casanova. Este jueves, se comunicaron a su despacho y una persona, identificada como Zoraida Carvajal, les dijo que el contralor no estaba disponible. Igual ocurrió con unas solicitudes que enviaron a la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral, y tampoco tuvieron respuesta.
Peña calificó la situación de lamentable, "porque nos queremos ir desde Venezuela con toda la información para transmitir a la Comisión de Derechos Humanos lo que está ocurriendo.
Negó que se esté inmiscuyendo en asuntos internos de Venezuela., y reiteró que su presencia es netamente laboral. "Yo de ninguna manera estoy inmiscuyendo en los problemas de Venezuela, estamos cumpliendo los reglamentos del Mercosur (...) Los ciudadanos de Venezuela, y las autoridades, saben qué lineamiento tomar".
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Mirtha Palacios, deseó que durante su estadía en el país hasta el sábado se pueda concretar una reunión con los organismos del Estado venezolano.
De ser imposible, expresó que irían al Mercosur con el tema inconcluso, porque no tendrían la versión de las dos partes. Indicó que como representantes de derechos humanos han observado la violación de ciertos preceptos, "pero sin escuchar las dos partes, es difícil sacar una conclusión al respecto".
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