miércoles, 20 de agosto de 2008

Hay que movilizarse y desconocer al TSJ

TSJ judges chanting pro Chavez slogan



“Necesitamos la movilización social en contra de estos decretos leyes y para eso hacerlo entender como muestra de lo que significa la pérdida del estado de derecho en Venezuela”

La Organización No Gubernamental, Foro Penal, ofreció cuatro propuestas para divulgar lo que considera “el grave contenido de las leyes habilitantes”, al juzgar que la promulgación de las mismas resulta riesgosa para el estado de derecho de los venezolanos. La vocera de la organización, Mónica Fernández hizo un llamado a la sociedad civil, medios de comunicación, gremios profesionales y cuerpo consular a entender, comprender e incluir en su agenda y preocupación que este conjunto de leyes es la reedición legalizada de una reforma constitucional a la que los venezolanos se opusieron mediante el referéndum del 3 de diciembre de 2007.

Reiteró que el denominado “paquetazo” se encuentra vigente y sólo falta que se instaure la reelección indefinida y “no nos extrañe que bajo cualquier mecanismo o subterfugio legal se termine aprobando la reelección presidencial indefinida”.

Fernández explicó que una manera de explicar el contenido de esas leyes y lo nefasto que resulta el contenido de estos decretos leyes es a través de los gremios profesionales y medios de comunicación, con quien primero establecerán un acercamiento.

Dijo que otra propuesta es la movilización que comenzarán a motorizar a partir de la semana que viene e incluye la realización de asambleas en la calle con la sociedad civil, amas de casa, movimiento estudiantil, barrios, sectores populares

“Necesitamos la movilización social en contra de estos decretos leyes y para eso hacerlo entender como muestra de lo que significa la pérdida del estado de derecho en Venezuela”.

Y en materia jurídica, Fernández expresó que el Foro Penal lamentaba tener que desconocer al Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto “cualquier intento de regulación de constitucionalidad por su parte han dado muestras palpables y suficientes que no son autónomo, ni objetivos ni imparciales y han sido sumisos en convalidar las violaciones de la constitución por parte de los poderes públicos, pero por sobre todo del presidente de la República”.

Globovisión


Foro Penal llama a la "movilización social ante reedición legalizada de la reforma"

Caracas.- El Foro Penal Venezolano (FPV) hizo hoy un llamado de alerta ante el peligro que para el país revisten los 26 decretos-ley aprobados al término de la Ley Habilitante, los cuales son "la reedición legalizada de la reforma constitucional a la cual democráticamente le dijimos no el 2 de Diciembre".

Pidiendo dar prioridad a la manifestación en contra de estos decretos, la abogada Mónica Fernández, miembro del FPV, anunció una serie de acciones que emprenderán en los próximos días a fin de promover la "movilización social" en contra de las leyes, para lo cual hizo un exhorto a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a los gremios profesionales, a los candidatos a gobernadores, alcaldes, y consejos legislativos regionales, y a el cuerpo consular acreditado en el país.

"Para que comprendan e incluyan en sus preocupaciones que esto que popularmente se conoce como el 'paquetazo' es la reedición legalizada de la reforma constitucional".

"La violación a la propiedad privada, la instauración del poder comunal, la Fuerza Armada Bolivariana, las misiones institucionalizadas como parte de la administración pública, el poder económico de todo el Estado en cabeza del presidente de la República, donde para colmo se creó un fondo que el presidente lo va a controlar como quiera sin ningún tipo de regulación. Toda la instauración de una mentalidad socialista y de propiedades colectivas que fueron rechazadas en diciembre, en este momento están vigentes en Venezuela".

Fernández anunció que el FPV decidió asumir una posición de categórico desconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sala Constitucional ante cualquier intento de regulación de constitucionalidad de su parte, debido a que "han dado muestras palpables, y fehacientes para considerar que no son autónomos, que no son objetivos, que no son imparciales y que han sido sumisos a convalidar las violaciones de la Constitución por parte de los poderes públicos, pero sobre todo, las acciones inconstitucionales del presidente de la República".

En ese sentido, se proponen documentar ante instancias internacionales que la vía interna en Venezuela con relación al control de constitucionalidad por parte del TSJ está agotada.

El Foro Penal Venezolano se dispone a dictar cursos, en primer lugar a los medios y gremios de profesionales para que luego sirvan de agente multiplicador del mensaje.

Asimismo, preparan asambleas de calle para que la sociedad civil se documente en torno al contenido de los 26 decretos-leyes.

Leda Piñero
eluniversal.com
http://www.eluniversal.com/2008/08/19/pol_ava_foro-penal-llama-a-l_19A1924685.shtml







Nueva ley de Telecomunicaciones, una ley draconiana

La Ley otorga poder absoluto al Presidente para suspender los serviciosde telefonía fija y móvil, Internet, televisión, radio, transporte y cualquier otro inventado o por inventarse, cuando éste lo considere necesario por seguridad de la nación.

El proyecto de la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, norma que no formó parte del cuerpo de 26 leyes aprobadas dentro de los poderes habilitantes, pero que sí recibió la buena pro acerca de su carácter orgánico por parte de la Sala Constitucional del TSJ y que está en el seno de la Asamblea Nacional para su aprobación, otorga poderes absolutos al presidente de la República, para que, ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la estabilidad de la nación, pueda suspender la transmisión de las telecomunicaciones.

La 11º disposición, enmarcada en el título XVII de las Disposiciones Finales, Transitorias y Derogatorias, establece que: "La Presidenta o Presidente de la República Bolivariana de Venezuela podrá, cuando así lo exigiere el orden público, la seguridad o los intereses de la Nación, suspender la transmisión de comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones, hasta tanto cesen los motivos que dieron origen a la decisión, todo ello de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

Con ello, el Gobierno Nacional busca censurar el derecho a la información de los más de 27 millones de venezolanos cuando lo crea conveniente, amparándose en los intereses del país y, además, viola de forma clara parte del artículo 337 de la Constitución Nacional, que establece que el derecho a la información está consagrado ante cualquier eventualidad, incluso ante la declaración de un estado de excepción.

La Disposición en la nueva Ley de Telecomunicaciones, en pocas palabras aniquila el derecho a la comunicación y la libertad de información de los venezolanos por disposición del Estado, en caso de que éste vea amenazado sus intereses y ello implica, desde el envío de un mensaje de texto, pasando por las señales de televisión, radio, transporte de datos, Internet, hasta las vías generales de telecomunicaciones y redes, además de que el Estado tendrá la potestad de incluso tumbar, cuando lo considere necesario, todas las comunicaciones por voz, datos, video y cualquier otro medio que se invente o por inventarse.

Para ello, la nueva Ley, que inmediatamente derogará la promulgada en el año 2000 cuando se apruebe y aparezca en Gaceta Oficial, se protege en el artículo 5 que define a las telecomunicaciones como "toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos, u otros electromagnéticos afines, inventados o por inventarse".

La disposición final, así como gran parte de la nueva Ley de Telecomunicaciones, vulnera aún más la seguridad jurídica, los derechos constitucionales de los venezolanos y, además, regula la inversión extranjera en el sector en el país, todo ello sin contar que el Estado será el gran regulador de la actividad a través del Ministerio para las Telecomunicaciones y que la posibilidad de la Consulta Pública, una de las grandes promesas de la Quinta República para dar participación a todos los ciudadanos, ha quedado eliminada de la nueva Ley, por lo que, desde su aprobación, el Gobierno legítimamente no consultará con nadie cualquier decisión que afecte o beneficie.

TalCual
William Peña
http://www.megaresistencia.com/portada/content/view/3040/1/