Llegó a Venezuela Adriana Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR para tratar el tema de las inhabilitaciones. Ratificó que espera reunirse con todas las partes. Informó que otros colegas parlamentarios la acompañarán en su trabajo.
Indicó que toda la información que recaben en el país, “lo vamos a transmitir a la comisión y al Parlamento y ahí tomaremos la decisión de estar o no en Venezuela ante la situación”.
Sobre su presencia en Venezuela y las críticas de funcionarios del gobierno central, reiteró que “venimos integrantes de la comisión y que cualquier integrante tiene libertad de acción para realizar sus tareas dentro del MERCOSUR”.
Puntualizó que “el permiso lo tengo por parte del parlamento uruguayo y vengo a trabajar. Ahora vengo a trabajar, con la investidura de mi cargo”.
Concluida la reunión de los juristas venezolanos con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, el abogado Gerardo Fernández indicó que le ofrecieron detalles técnicos sobre el tema de las inhabilitaciones a diputada del parlamento, que posteriormente, serán trasmitidos al resto de la comisión.
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Autoridades regionales podrán anular a gobernadores y alcaldes
La facultad del Presidente de la República para designar autoridades regionales que Hugo Chávez se ha atribuido en ejercicio de la Ley Habilitante, parece tener el mismo propósito que las vicepresidencias regionales planteadas en el proyecto de reforma constitucional que fue mayoritariamente rechazado a través del referéndum del pasado 2 de diciembre.
Inmediatamente después del 15 de agosto de 2007, cuando Chávez presentó la reforma ante la Asamblea Nacional, se advirtió que, en la práctica, el jefe del Estado estaba planteando una estructura de gobierno paralela, controlada hegemónicamente desde Miraflores y violatoria de los principios constitucionales de descentralización y federalismo. También en la práctica, los gobernadores y alcaldes electos popularmente quedarían relegados y carentes de poder político y económico. Del interior del país provinieron enérgicas manifestaciones de rechazo y, en definitiva, la nueva geometría del país habría sido uno de los planteamientos que más contribuyó al fracaso gubernamental el 2-D.
Reincidencia. Apenas siete meses después, Chávez ha replanteado lo esencial de la idea que atenta contra la autonomía de los gobiernos regionales y locales, a través de la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública. El artículo 70 indica: "La Presidenta o Presidente de la República podrá designar autoridades regionales, las cuales tendrán por función la planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas, planes y proyectos de ordenación y desarrollo del territorio aprobados conforme a la planificación centralizada, así como las demás atribuciones que les sean fijadas de conformidad con la ley, asignándoles los recursos necesarios para el eficaz cumplimiento de su objetivo" El politólogo Carlos Raúl Hernández considera que con la "reedición de las vicepresidencias regionales", Chávez ha cometido un error garrafal inexplicable en la actual coyuntura electoral: "Ahora, los candidatos a gobernadores del Gobierno quedan en desventaja, pues no tendrán suficiente estímulo para bregar por unos cargos que van a quedar subordinados a burócratas de segunda línea. Mientras tanto, los candidatos de la oposición van a hacer bandera del asunto y pedirán el voto por la defensa de la autonomía regional y municipal. Errores como éste causaron la paliza del 2-D".
El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Román Duque Corredor explicó que los principios constitucionales de descentralización y federación impiden que nuevas autoridades regionales anulen a gobernadores y alcaldes. Sin embargo, admite que el riesgo existe, pues una norma como la incorporada a la Ley Orgánica de la Administración Pública puede ser interpretada de manera arbitraria: "Si lo que está planteado es disfrazar las vicepresidencias regionales, los primeros afectados son los habitantes de la provincia. Si los alcaldes y gobernadores en ejercicio y los que aspiran a dirigir estados y municipios después del 23 de noviembre no advierten el peligro, le causan un grave daño al país".
El Nacional
Edgar López
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