viernes, 8 de agosto de 2008

Académicos consideran posible activar la desobediencia civil


Llamaron a los magistrados del TSJ a renunciar a sus cargos



Los miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales se reunieron ayer para hacer pública su posición en contra de las leyes aprobadas por el Ejecutivo a través del mecanismo de la Habilitante y de las últimas decisiones dictadas por el TSJ. Aseguran que el paquete de leyes violenta la voluntad popular expresada el 2-D: "Se evade el control ciudadano, la previsión y la seguridad jurídica, la tipicidad de las sanciones, la proporcionalidad de las restricciones, el debido procedimiento de discusión y de consulta, la inviolabilidad y la progresividad de los derechos humanos".
Varios miembros de la academia, Tatiana de Maeckelt (presidenta), Román Duque Corredor, Alfredo Morles Hernández y René De Sola, recalcaron que es importante que los venezolanos estén conscientes de lo que significan las nuevas leyes aprobadas por Hugo Chávez.

Es por ello que explicaron que se deben ejercer todos los recursos judiciales que hagan falta. Sin embargo, consideran que del TSJ no saldrá una sentencia adversa a las leyes.

"Sabemos que es un proceso muy difícil y que no podemos ser muy optimistas sobre la posibilidad de declaratoria de inconstitucionalidad por parte del TSJ", dijo Maeckelt.

Advirtió que, además de lo jurídico, existe el artículo 350 de la Constitución que llama a la desobediencia civil en caso de legislaciones que contraríen los valores de los venezolanos.

"El otro paso más radical es el artículo 350", insistió la presidenta de la academia. Igualmente, De Sola indicó utilizar primero los recursos jurídicos "va a constituir la base para que mañana pueda aplicarse el artículo 350".

Renuncia colectiva. Lamentaron que la Sala Constitucional se haya limitado a declarar el carácter orgánico de algunas leyes, sin revisar las contradicciones con la carta magna.

Morles Hernández aseguró que lo más apropiado de parte de los miembros de la Sala Constitucional será que renuncien a sus cargos: "Se impone pedir la renuncia de los magistrados de la Sala Constitucional, quienes prefieren exponerse a la vergüenza pública por sus decisiones a tener que pasar la pena o enfrentar el temor de tener que decirle no al Presidente".

Incluso pidió la dimisión del magistrado Pedro Rondón Haaz, de quien dijo sirve para dar un carácter de legitimidad a la Sala Constitucional.

A la gente.
Maeckelt expuso que los ciudadanos comunes deben entender que, más allá de una discusión de principios y de la pérdida del estado de derecho, las leyes habilitantes afectan a todos los venezolanos.

Recordó la posibilidad de decretar cualquier propiedad como de utilidad pública sin procedimiento previo, la intervención de la cadena alimenticia y la inclusión de la milicia a la FAN. Para Duque Corredor se trata de violentar la intimidad de los ciudadanos: "Esas leyes permiten al Estado definir cómo debe vestirse, qué comer, cómo transitar, cómo vivir, qué comprar".

El Nacional
http://www.megaresistencia.com/portada/content/view/2953/1/

Gobierno tiene la vía libre para expropiar todo tipo de bienes

Comités de contraloría social tienen funciones similares a las de una autoridad gubernamental.

El Ejecutivo ahora tiene el camino allanado para expropiar no sólo los bienes y servicios de primera necesidad "esenciales e indispensables para la población", sino también los bienes de cualquier tipo. Analistas legales alertaron que el último párrafo del artículo 5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios abre la posibilidad para que "los bienes pertenecientes a los sujetos sometidos a la aplicación" de la normativa sean expropiados por el Gobierno, sin que medie la declaratoria previa de utilidad pública o interés social por parte de la Asamblea Nacional.

Los consultados destacaron que este párrafo del artículo remite expresamente a quienes se encuentran sometidos a la legislación, y esto cambia completamente el ámbito de aplicación de la norma en los casos de declaratoria de expropiación por parte del Gobierno.

En tal sentido, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios enumera a los sujetos como los proveedores, cadena de distribución, producción y consumo, importadores, productores, fabricantes, distribuidores y comercializadores, y al explicar quiénes entran en esa definición no existe un criterio en el que encajen únicamente los participantes de la cadena de comercialización de los bienes y servicios de primera necesidad.
Amplios poderes

Esta normativa, que forma parte de las leyes que fueron aprobadas por el Ejecutivo en el marco de la vigencia de la Habilitante, resulta clara en sus intenciones de intervenir en el proceso de una forma más amplia de lo que inicialmente se pensaba.

"Quedan sujetos a las disposiciones del presente decreto (...) los actos o conductas de acaparamiento, especulación, boicot o cualquier otra que afecte el acceso a los alimentos o bienes declarados o no de primera necesidad por parte de cualquiera de los sujetos económicos de la cadena de distribución, producción y consumo de bienes y servicios", señala el artículo 3 de la citada normativa.

Para los abogados consultados esto incluye en la legislación venezolana un concepto de utilidad pública general, de forma que un establecimiento objeto de una expropiación puede no ser estratégico.

"De alguna manera la propiedad está amenazada porque toda la cadena de comercialización queda en riesgo", indicaron los analistas legales, quienes alertaron que el instrumento se traduce, en su contexto más amplio, en la imposición de trabas para desarrollar la actividad económica.
Consejos comunales

Otro de los aspectos que se encuentran contenidos en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios es la desaparición del Indecu, el cual dará paso al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios (Indepabis).

Éste, a su vez, será apoyado por los consejos comunales, los cuales ahora quedan con la potestad de realizar fiscalizaciones a las empresas, cuyos resultados pueden ser remitidos al nuevo organismo estatal porque la normativa le otorga a las instancias de contraloría social funciones similares a las de una autoridad gubernamental.

"El empresario queda absolutamente agredido porque son mecanismos de asfixia a la propiedad privada", indicó uno de los consultados quien prefirió no ser citado.

Además de la posibilidad de expropiar sin pedir el visto bueno de la Asamblea Nacional, la normativa prevé sanciones que van desde multas hasta el cierre del establecimiento por acaparar, especular o boicotear, entre otros delitos.

El Universal
Suhelis Tejero Puntes





El fin del comienzo

Aunque intenten proyectar una imagen de fortaleza, el proyecto chavista está gravemente herido, empantanado en sus propias contradicciones y en una corrupción de proporciones pornográficas como nunca ha conocido Venezuela.

Este no es el final. Ni siquiera es el comienzo del final. Pero es, quizás, el fin del comienzo. La penetrante frase de Winston Churchill, proferida en noviembre de 1942, luego de la victoria en la batalla de El Alamein contra las fuerzas alemanas, fue recordada por algunos de nosotros cuando conocimos los resultados del Referendo Constitucional en diciembre de 2007.

La alegoría no era antojadiza: El aura de invencibilidad de Chávez había quedado demolida ese día a manos de los sectores democráticos del país que se negaron a aceptar el proyecto autocrático que se pretendía pasar bajo el contrabando de una reforma constitucional. Se avizoraba una nueva realidad política y una posibilidad real de producir el reencuentro del país por la base.

Después de la lección del 2D, la protesta social ha obligado al gobierno a retroceder en varios frentes. Quizás los dos casos más emblemáticos sean la ley Sapo y el malhadado currículo bolivariano, pero la lista de recules del régimen es más larga y los mismos se han producido en medio de un creciente malestar que alcanza a sectores populares cercanos al chavismo. El caso de las FARC, la reiterada y descarada intervención de Venezuela en asuntos internos de otros países y el uso del petróleo como herramienta de chantaje, se han sumado a una conducta de desplantes y arrogancia para que en el terreno internacional, el aislamiento del gobierno venezolano, y la comprensión cada vez más clara sobre su carácter antidemocrático se hayan ido profundizando.

Todo esto y más lo entiende el chavismo. Por eso la decisión de escalar la confrontación con la sociedad democrática venezolana a través de la provocación de las inhabilitaciones a un grupo importante de dirigentes opositores y la burla de la promulgación de 26 leyes cuyo contenido es desconocido para el país. La apuesta es al mismo esquema ya otras veces ensayado: Atacar, provocar al adversario y tratar de sacar ventaja de la respuesta de éste. Así fue antes con los petroleros y los militares, después con sus propios militantes, con los medios de comunicación y por último con los estudiantes. El temor es, qué duda cabe, a lo que avizoran como una derrota importante en las elecciones regionales de noviembre.

El drama es que aunque intenten proyectar una imagen de fortaleza con la provocación, el proyecto autoritario chavista está gravemente herido, empantanado en sus propias contradicciones y en una corrupción de proporciones pornográficas como nunca ha conocido Venezuela. No está herido de muerte y puede recuperarse, pero está actuando con mucha desesperación y arriesgándose considerablemente. La única razón por la cual un movimiento con estas características no termina de caer es porque la oposición sigue siendo débil y carece de una alternativa estratégica clara al chavismo. Una alternativa que la gente no perciba como un salto al vacío en la eventualidad de una derrota definitiva del proyecto chavista. Allí sigue estando nuestro gran reto para que el fin del comienzo le abra paso al inicio del nuevo país.

TalCual
http://www.megaresistencia.com/portada/content/view/2956/1/