viernes, 15 de agosto de 2008

CNP Insta al Gobierno a revisar leyes que limitan la democracia




Exige poner fin a la agresión contra periodistas

Que se respete a los comunicadores sociales, "se ponga fin al apartheid, al hermetismo y al ocultamiento deliverado de la información pública" son algunas de las exigencias plasmadas en el documento que recoge las conclusiones de la XIII Convención Nacional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), realizada el pasado fin de semana.

La directiva nacional del organismo junto con la de la Seccional Caracas dio a conocer este miércoles el escrito en el que rechazan "toda campaña de maltratos y difamación, con la cual se pretende amedrentar e invalidar el ejercicio legítimo del periodismo".

Llamaron a todos los comunicadores del país a abandonar cualquier pauta o rueda de prensa cuando algún periodista sea agredido.

William Echeverría, presidente del CNP, instó a los funcionarios del Estado y a los directivos de los medios de comunicación públicos y privados a respetar el derecho de los venezolanos de estar informados y expresarse libremente establecidos en la Constitución Nacional y en la Ley del Ejercicio del Periodismo.

"Venezuela vive una crisis en lo político, jurídico, social y económico que socava las bases de nuestra democracia. El (...) país está fracturado: un gobierno con legitimidad en las urnas está usando el mandato popular conferido en las elecciones de diciembre de 2006 para vulnerar derechos ciudadanos que posibiliten el acuerdo en torno a la letra de la Constitución".

El presidente del CNP dijo que "el Gobierno usa la legislación como un instrumento político", y puso como ejemplos a las leyes orgánica de Telecomunicaciones, de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y el Código Penal.

Rechazó el paquete de 26 normas sancionadas por el presidente Hugo Chávez en el marco de la Habilitante por considerar que "fueron aprobadas a espaldas del país, sin consultarlo, y porque incluyen normas que ya habían sido rechazadas por el colectivo venezolano en el referendo aprobatorio del pasado 2 de diciembre. Esta decisión del Gobierno vulnera la voluntad del soberano".

"A punta de decretos y concentrando progresivamente poder, se viene conformando un cerco legal que vulnera lo fundamental de derechos democráticos de los ciudadanos".
De avances y metas

La rueda de prensa del CNP también sirvió para que la directiva del organismo informara acerca de algunos avances y metas a corto y mediano plazo.

Echeverría anunció la creación de una comisión de derechos humanos que observará junto con otras organizaciones no gubernamentales y la Fiscalía las acciones y agresiones que puedan sufrir los comunicadores de cualquier tendencia.

Por su parte el presidente del Instituto de Previsión Social del Periodista, Salvatore Lo Monaco, dijo que entregarán a la Asamblea Nacional una propuesta para que los comunicadores sociales -dada su condición de servidores públicos- sean incluidos dentro de los planes del Estado y reciban los beneficios sociales de trabajadores públicos. Anunció que realizarán un censo socioeconómico nacional entre periodistas y que los resultados servirán para negociar con las aseguradoras planes que incluyan maternidad, seguro de vida y retiro privado.

El Universal
http://www.megaresistencia.com/portada/content/view/2992/1/


Advierten sobre la reimposición de la "ley sapo" que Chávez había derogado

Nueva FAN hará inteligencia y contrainteligencia sin control

La octava función atribuida a la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana indica: "organizar, planificar, dirigir y controlar el Sistema de Inteligencia Militar y Contrainteligencia Militar". Rocío San Miguel, coordinadora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, considera que se trata de "una reedición agravada de la ley sapo", que el presidente Hugo Chávez promulgó a finales de mayo pasado y que, por el contundente rechazo de la sociedad civil, él mismo tuvo que derogar pocos días después.
Agravada, razonó la especialista, porque la nueva norma no está supeditada a la ley: "En la práctica, ello implica que el Ministerio de la Defensa podrá adelantar labores de inteligencia y contrainteligencia sin ningún tipo de control.

Tal como figura en el artículo 4 de la nueva ley, se trata de una norma abierta. Desaparece la coletilla `de conformidad con la ley’. Eso es muy peligroso porque hasta el Gobierno había convenido en la necesidad de evitar excesos cuando se invoca la seguridad del Estado para justificar la intromisión oficial en la vida privada de los ciudadanos".

San Miguel confía en que la sociedad civil vuelva a oponerse a mecanismos de inteligencia y contrainteligencia que pudieran aplicarse arbitrariamente.

Alerta, zona militar.

La coordinadora de Control Ciudadano opina que, mediante el decreto-ley que cambió reglas fundamentales de la FAN, la militarización de la sociedad venezolana alcanza una expresión muy concreta: el establecimiento de regiones estratégicas de defensa integral.

El Ejecutivo ya ha confirmado que serían seis los nuevos espacios territoriales administrados por oficiales designados por el Presidente de la República. Y San Miguel alerta que, en la práctica, ello implicará la creación de muchas más zonas de seguridad y defensa, en las cuales existe la posibilidad de restricción de derechos civiles y políticos.

La analista recordó cómo después del golpe de abril de 2002 proliferaron las zonas de seguridad y defensa: "En ese momento, el objetivo era obstaculizar las manifestaciones públicas contra el Gobierno, mediante la restricción del derecho al libre tránsito. Pero la ley con la cual se reguló la materia incluye sanciones que alcanzan la prisión hasta por diez años. Por ejemplo, ahí está el caso del general Carlos Alfonso Martínez".

Según San Miguel, la ley recién promulgada no establece límites ni de espacio ni de tiempo, por lo cual sería enorme la amenaza sobre el efectivo ejercicio de derechos civiles y políticos.

Civiles o militares.

La formal incorporación de la milicia a la FAN (casi en los mismos términos planteados en la reforma constitucional que fue rechazada el pasado 2 de diciembre) está sustentada en la noción de pueblo en armas.

A juicio de Rocío San Miguel ello vulnera el derecho de los civiles a abstenerse de participar en la defensa militar de la nación, lo cual está consagrado en una veintena de tratados de Derecho Internacional Humanitario.

Explicó que, en la práctica, los ciudadanos que se incorporen a la milicia podrían ser considerados legítimos blancos de ataque; que en una situación de conflicto, la vida y la integridad personal estarían en peligro.

San Miguel destacó la vinculación de la milicia con los funcionarios de la administración pública que, inicialmente, recibirían entrenamiento en armas: "Un funcionario público no se podría negar a este tipo de labores, so pena de perder el trabajo. De esta forma, el servicio militar no sería tan voluntario".

Además, las milicias tienen entre sus funciones contribuir con los consejos comunales en la conformación y consolidación de los llamados comités de defensa integral. "Nadie podría garantizar que estos comités no vayan a funcionar como los comités de defensa de la revolución cubanos, como los que se pretendió crear a través de la ley sapo", reiteró la analista.

El Nacional
http://www.megaresistencia.com/portada/content/view/2994/1/