El presidente venezolano Hugo Chávez promulgó como parte de un paquete de dos docenas de leyes una norma militar que consagra la creación de las milicias populares y la designación de la Fuerza Armada Nacional (FAN) en calidad de "bolivariana'', ambas rechazadas en la fallida propuesta de reforma constitucional y en potencial conflicto con la Constitución.
La Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue promulgada junto a otras 25 justo al vencerse los poderes especiales concedidos a Chávez para aprobar leyes sin la sanción de la Asamblea Nacional, pero sin que su texto fuese dado a conocer en la Gaceta Oficial, como exigen las normas.
Sin embargo, el viernes se conocieron algunos detalles de ésta y otras leyes cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad de la mayoría de los textos legislativos aprobados por Chávez, anticipando potenciales conflictos con la Constitución.
Según expertos, varias de la leyes aprobadas el jueves a medianoche podrían incluir importantes detalles contemplados en la fallida propuesta de reforma constitucional, como un nuevo reordenamiento territorial y normas para ampliar el control estatal sobre el sector productivo.
La ley militar se aprobó junto a otras, como la ley de Ordenamiento Territorial, Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, Telecomunicaciones e Informática, así como la de Instituciones Financieras, que coincidió con el anuncio de la primera nacionalización de un banco durante el régimen chavista.
En el fallo emitido por el TSJ el viernes se detalla que la nueva ley que regirá al sector militar tiene cinco capítulos con más de 120 artículos, que incluyen los detalles de la misión de la FAN, la organización y cadena de mando y las disposiciones dirigidas a regular "la Milicia Nacional y su Comando General''.
La idea de añadir un cuerpo adicional a los cuatro fuerzas de las FAN se incluyó en el Artículo 329 de la propuesta de reforma constitucional, que fue rechazada por los votantes en el referendo de diciembre del 2007.
El concepto de milicia popular no aparece en la Constitución.
Se trata de una unidad de "civiles que reciben entrenamiento en labores de resistencia'', explicó el general Alberto Muller Rojas, directivo del oficialista PSUV, al defender el concepto inspirado en las milicias cubanas.
El concepto de las milicias populares fue objeto de críticas de sectores disidentes del chavismo.
"Chávez quiere tres instancias: una FAN regular, una reserva y una milicia. ¿Por qué? Cuando el pueblo salga a reclamar su derecho, les echará la reserva y las milicias y ocurrirá un enfrentamiento entre el pueblo'', dijo el comandante Joel Acosta Chirinos, ex militar que participó con Chávez en la intentona golpista de 1992 y que ahora es un fuerte crítico del chavismo.
La publicación a última hora de una Gaceta Oficial con sólo los títulos de las 26 leyes sancionadas por Chávez generó fuertes reacciones en diversos sectores del país.
Defendiendo la promulgación precipitada del paquete de leyes, el diputado oficialista Elvis Amoroso dijo que "hasta el último segundo que falte para que concluya el tiempo es válido para sancionar una ley''.
Para el diputado Juan José Molina, del partido disidente Podemos, el presidente Chávez simplemente no deseaba que los decretos-ley se discutieran públicamente. "No quiere que haya debate, no quiere que los diputados critiquen públicamente los artículos de las leyes ni que la población comprenda el alcance de lo que ha promulgado'', dijo Molina.
La promulgación de estas leyes sin que siquiera se conozca su texto constituye "una manera de legislar completamente ajena a las formas democráticas'', opinó el experto constitucionalista Pedro Nikken, en una entrevista con el diario El Universal de Caracas.
Por otro lado, aseguró Nikken, "las leyes no pueden entrar en vigencia sin publicarse primero. La decisión de promulgarlas divulgando solamente sus títulos es un exabrupto político y [contra] los valores democráticos''.
Para Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y dirigente del partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), es "un nuevo madrugonazo del presidente Hugo Chávez a los venezolanos y a la Constitución'', "una tramoya legal'' y "un fraude legislativo''.
Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, calificó el paquete de una tracalería.
Ricardo Sánchez, presidente de la FCU de la Universidad Central de Venezuela, dijo que saldrán a la calle a defender la Constitución y a detener este nuevo atropello a la democracia.
Esta información fue complementada con los servicios cablegráficos de El Nuevo Herald.
El Nuevo Herald
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