lunes, 26 de enero de 2009

15-F referéndum de alto riesgo


Escuela Básica Nacional Sierra Maestra, municipio Páez, estado Zulia: Giancarlo Di Martino (PSUV) obtuvo 100% de los votos emitidos en ese centro de votación; abstención cero. Unidad Educativa Droz Blanco, municipio Cedeño, estado Monagas: 797 votos para José Gregorio Briceño (PSUV), sólo 5 votos para Domingo Urbina (AD); abstención 15,4%. Centro Comunal El Topo, parroquia El Junquito, Distrito Capital: 135 votos en la cuenta de Aristóbulo Istúriz (PSUV), 14 para Antonio Ledezma (ABP); abstención 8,9%.Cientos de casos similares se repitieron el 23 de noviembre de 2008 en casi todos los estados del país: mesas de votación con resultados muy abultados para el PSUV y abstención cercana a cero. Pero estas mesas no sólo tienen en común las cifras sospechosas: un informe del partido Un Nuevo Tiempo reconoce que en estos centros electorales no había testigos acreditados por organizaciones de la oposición. La hipótesis de los técnicos electorales del partido azul es que la ausencia de observadores acreditados en por lo menos 520 mesas de votación permitió que la maquinaria oficialista, en complicidad con cientos de miembros de mesa, manipulara las máquinas y los cuadernos de votación para sumar a los candidatos del PSUV, por lo menos, 38.239 votos en las pasadas elecciones regionales. De acuerdo con el informe, la incidencia del presunto escamoteo de votos fue especialmente alta en el estado Trujillo (con casi 10% de las mesas afectadas), seguido por Monagas, Portuguesa, Apure y Falcón (con entre 3% y 5% de las mesas).

Una hipótesis similar manejan los técnicos de la organización Esdata, que han señalado "desviaciones sospechosas" en los resultados de varios comicios, especialmente en las presidenciales de 2006: cientos de centros de votación que rompen los promedios de sus vecindades electorales, disparan los votos de la opción oficialista y reducen la abstención a niveles mínimos. Sin precisar cifras concretas, los especialistas de Esdata van más allá que los técnicos de UNT y creen que en el último acto electoral regional más de 1.300 centros de votación presentaron resultados "extraños", relacionándose en la mayoría de los casos con 2 variables específicas: la presencia en el padrón de votantes de muchos electores inscritos desde 2004, y el control de esas mesas de votación con militantes del PSUV acreditados como miembros de mesa.

Estos señalamientos no se han transformado en denuncias formales porque no hay pruebas concretas, debido a la escasez de testigos; sin embargo, los análisis han servido para crear en el seno de la oposición un consenso entre técnicos y políticos sobre la capacidad de la maquinaria oficialista para escamotear votos. En los comicios del 23 de noviembre de 2008, el despliegue eficiente de la maquinaria de defensa del voto permitió consolidar victorias en lugares de alto riesgo, especialmente Zulia y Táchira. Sin embargo, la cita del 15 de febrero próximo se presenta con más riesgos que la del año pasado. La premura del Consejo Nacional Electoral en cumplir el mandato presidencial de celebrar el referéndum para votar por la enmienda que establece la reelección indefinida condujo a la aprobación de un calendario electoral ajustadísimo, en el que se recortaron tiempos de las auditorías y se han suprimido tareas importantes, como la actualización del registro electoral y la ejecución del simulacro de votación.

Además, los partidos y organizaciones civiles de la alianza opositora tienen poco tiempo y recursos para ensamblar, por tercera vez en 15 meses, una plataforma eficiente de defensa del voto.

"Sabemos que la única vacuna para evitar que el chavismo pueda escamotear votos es el adiestramiento y despliegue de una red de testigos electorales entrenados y bien comunicados, que garantice la vigilancia en todas las mesas de votación", dice Vicente Bello, coordinador de asuntos electorales de UNT. "Venimos de unos comicios regionales muy ostosos, los recursos de los partidos son exiguos y no tenemos el pote de dinero de Pdvsa; pero estamos trabajando", añade el dirigente.

Más fácil, más lejos. Los equipos técnicos de los partidos están trabajando en una amplia alianza que facilita la creación de una plataforma unitaria, a diferencia de lo ocurrido en los últimos comicios regionales, cuando ésta se fragmentó y en algunas regiones cada candidato desplegó por separado sus equipos de testigos, con lo cual se duplicó el trabajo y se dejaron muchas zonas desprotegidas.

Desde finales de diciembre se han celebrado reuniones en varias regiones del país, en las que han participado representantes de Súmate, el grupo Esdata, técnicos electorales de los cinco principales partidos inscritos en el bloque del No (UNT, Primero Justicia, Acción Democrática, Copei y Podemos), redes de estudiantes universitarios y el voluntariado de organizaciones civiles, como Ciudadanía Activa y Radar de los Barrios. Sin embargo, desde la alianza opositora señalan que a pesar de los esfuerzos, el tiempo es muy poco y a sólo tres semanas de la consulta el trabajo está lejos de completarse.

"En teoría, esta plataforma es más sencilla que la de las elecciones regionales, pero es preocupante porque son pocos los incentivos; los partidos opositores están secos porque vienen de una elección muy costosa y tienen comicios de concejales en agosto. Y a eso apuesta al chavismo: si nos dormimos, nos cocinan", dice una fuente vinculada con las reuniones técnicas.

Entre los estados más avanzados está Miranda, donde el ex gobernador Enrique Mendoza se ha puesto al frente del equipo de trabajo para el control electoral; ya ha juramentado a 48 comandos y 1.800 voluntarios, y trabaja en una estrategia para reforzar la vigilancia en centros de alto riesgo. También forman plataformas unitarias en Caracas y en los estados Zulia, Bolívar y Táchira; pero en el resto del país la situación es menos clara.

La organización Esdata hizo un análisis preliminar de los resultados del 23 de noviembre y ha propuesto a los partidos opositores una estrategia que consiste en dos fases: por un lado, potenciar la movilización electoral en centros de votación grandes, donde sea factible bajar la abstención; y por el otro, concentrar la vigilancia electoral en centros de alto riesgo con muchos votantes para rentabilizar los recursos y limitar el efecto del control de las mesas de votación por el PSUV.

"Como las condiciones no han cambiado, tenemos claro el mapa de riesgo electoral; pero estamos mejorándolo, identificando los centros de votación de alto riesgo de mayor impacto en la votación para efectuar un despliegue aún más efectivo en zonas de alto impacto y hacer un uso más eficiente de los recursos", explica Humberto Villalobos, de Esdata.

Súmate ha avanzado en la reactivación del proyecto Supertestigos. El 23 de noviembre del año pasado, la organización civil desplegó casi 25.000 voluntarios y estuvo presente en más de 44% de las mesas de votación con credenciales entregadas por partidos regionales, pues los principales partidos de oposición se negaron a incorporarlos a sus plataformas. Esta vez la historia es diferente: ante la escasez de tiempo y recursos, decidieron integrarlos. "Clasificamos los centros y se debe dar prioridad a los más grandes y de mayor incidencia electoral. Estamos contrarreloj y necesitamos incorporar a nuevos voluntarios.

Lo importante es que los partidos y las organizaciones que nos dedicamos a esto trabajemos en conjunto para acumular la mayor cantidad de actas posibles y ejecutar un despliegue amplio, en todo el país, que genere también un efecto disuasivo", indica Dashiell López, coordinador de contraloría electoral de Súmate.

Garantías apuraditas. El cronograma del referéndum, aprobado por cuatro de los cinco rectores del CNE el viernes de la semana pasada, dejó en evidencia que la convocatoria apresurada obligó a los técnicos electorales a recortar algunas de las actividades preparatorias de todo evento comicial.

La mayor irregularidad, según los técnicos opositores, fue la negativa a la apertura de una jornada especial de actualización del registro electoral, además de fijar una revisión rápida del padrón de votantes, que se ejecutó en una sola jornada (el 16 de este mes, el mismo día que fue aprobado el cronograma).

"Por supuesto que un día no es suficiente para revisar el registro. Pero lo más grave es que el CNE efectuó el corte antes de haber procesado siquiera la solicitud de la consulta. Las personas que tenían derecho a inscribirse no tuvieron tiempo de enterarse que se realizaría el referéndum. Ése es el error más delicado", señala Carlos Genatios, directivo de Ojo Electoral.

"En el paquete de auditorías al sistema automatizado se recortaron casi todos los plazos.

Los partidos opositores no han puesto mayores objeciones, pero han reclamado la restitución de la revisión de la tinta indeleble, que esta vez no figura en el cronograma".

"No se han hecho mayores reclamos públicos porque inhiben a la participación, pero estamos insatisfechos con la calidad de la tinta. El sistema y composición de la tinta indeleble de la UCV no funciona.

Se debe ir a otra alternativa, regresar a la composición original o cambiar de proveedor", señala un documento entregado la semana pasada por los dirigentes de partidos opositores a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena.

Otro tema del cronograma es la convocatoria de los miembros de mesa (los mismos sorteados en julio pasado para las elecciones regionales) y sus jornadas de adiestramiento. Los técnicos opositores denuncian que la convocatoria del año pasado fue muy limitada y pocos los miembros sorteados que se incorporaron a las mesas el 23 de noviembre (se entrenaron 160.000 de las más de 600.000 personas seleccionadas). Para este acto, con menos tiempo para enviar las convocatorias y menos tiempo para la capacitación (que Lucena ha bautizado como "de refrescamiento", más que de entrenamiento), se espera que la situación sea aun más grave.

Los partidos opositores le solicitaron al CNE la entrega de la lista de miembros de mesa que se incorporaron efectivamente el 23 de noviembre, con el fin de verificar la convocatoria y evaluar los riesgos por la incorporación de electores ajenos al sorteo.

A tres semanas de la consulta, los observadores y técnicos coinciden en que el referéndum que se avecina ha disparado más alertas que en ocasiones anteriores. "Viendo el atropello del cronograma, la negativa a abrir el registro electoral, el inicio tan desbalanceado de la campaña y lo engorroso de la pregunta, las condiciones no lucen mejor que en otros eventos. El CNE debe trabajar eficientemente, no sólo en dar más garantías de transparencia del acto de votación, sino en mantener el equilibrio en la campaña", expresa Genatios.

El Nacional



La disolución del Estado



Basta ver la fotografía publicada por Tal Cual en su primera página (22-01) en la que un PM apunta su escopeta a bocajarro contra un joven estudiante pegado a una pared con sus manos blancas en alto; basta oír los testimonios de los cinco universitarios agredidos por 30 gorilas vestidos de civil en la sede de la PM de Maripérez; basta escuchar el relato de Gabriel Puerta, secretario general de Bandera Roja (quien acuñó la expresión "disolución del Estado"), sobre el asalto de los malvivientes de Lina Ron al Ateneo de Caracas; o comprobar que quienes irrumpieron hace nueve días con armas de guerra en la Alcaldía Mayor, destrozando a su paso lo poco que ya quedaba en pie, aún permanecen en el lugar sin que poder alguno haya puesto coto a esa barbarie; bastan estos pocos ejemplos para darnos cuenta de que son rasgos de la disolución del Estado.
Quienes deben garantizar el orden público son los que promueven la violencia y reprimen a quienes disienten de sus delitos y atropellos. No hay instancia a la que se pueda acudir para solicitar justicia. Ricardo Sánchez, presidente de la FCU, fue atacado a las puertas de la Fiscalía cuando denunciaba el acto terrorista que incendió su vehículo. Cientos de trabajadores de la Alcaldía Mayor están en la calle, sin cobrar su salario, porque los tomistas armados no lo permiten. ¿Dónde está el comunista ministro del Trabajo que tanto decía defender los derechos del proletariado cuando no era gobierno, y dónde la nunca vista Defensora del Pueblo mientras se arremete contra los estudiantes pacíficos? ¿Dónde están los poderes públicos ante los atropellos a gobernadores y alcaldes electos fuera de la lista de Chávez? ¿O es que, como dice Petkoff, "los votos de Ledezma valen menos que los de Jorge Rodríguez?".

El Estado que debe resguardar el orden democrático garantizando la libertad, la seguridad y la justicia está en camino de su disolución. La Lina Ron con un casco de mando seguida de sus huestes portadoras de palos, cabillas, pistolas y bombas molotov, que disparaban y golpeaban a quienes pacíficamente estaban en el aniversario del partido Bandera Roja en el Ateneo, constituye la materialización del desorden y de la disolución institucional. Al día siguiente del ataque, el Ateneo recibió la orden oficial -en apoyo a la violencia de Lina Ron- de desalojar la sede antes del 5 de mayo. La policía ya no está para perseguir a los delincuentes y garantizar las seguridad de barrios y urbanizaciones, sino para reprimir a estudiantes indefensos. En la PM de Maripérez 30 mastodontes agredieron y robaron los celulares de los cinco estudiantes que habían grabado a los policías cuando introducían las cajas con las supuestas molotov en la camioneta que acompañó la frustrada marcha estudiantil hasta el TSJ y que fue confiscada por la PM. Los mastodontes colocaron su escopeta en la cabeza de los estudiantes, los golpearon y sustrajeron sus celulares para que no tuvieran las pruebas del montaje que luego exhibiría el ministro del Interior como un trofeo ¿Qué hacían estos gorilas, estos PM y esa GN, esos ministros y el mismísimo Chávez cuando en 2008 fueron asesinadas 13.780 personas?

Mientras en la crisis global los presidentes de cada país concilian con los partidos y empresarios para disminuir los efectos de la recesión, Chávez hostiga a esos sectores y solo se ocupa de la enfermiza obsesión por eternizarse en el poder. Se desespera porque las encuestas siguen registrando un amplio rechazo a la reelección indefinida, incluso entre sus partidarios. El dirigente del PRV, Douglas Bravo, a quien Chávez califica como "su maestro" critica que "las necesidades del pueblo no han sido satisfechas y, por el contrario, se ha creado una nueva casta enriquecida con los altos ingresos de la renta petrolera". Chávez decía "que la renta petrolera era para diversificar la producción, y el año pasado Venezuela cierra con el más alto índice de importación de alimentos, lo que quiere decir que no se está produciendo nada". Bravo dice estar "muy sorprendido porque lo que hemos discutido en el pasado Chávez y yo, no se corresponde en absoluto ni con esa posición de la enmienda para perpetuarse en el poder ni tampoco con la ofensiva contra los estudiantes". Añade que Chávez viola el artículo 6 de la Constitución (la alternabilidad) y subraya que el carácter comunitario de la filosofía que Chávez dice sostener, es contrario a la reelección indefinida: "tal carácter impone que los cargos de representación roten entre los integrantes exactamente para evitar que los intereses individuales o de grupos, o de clase, terminen sacrificando los de la naturaleza comunitaria y colectiva".

Chávez repite desesperado que una derrota del "Sí" significaría el caos. Todo lo contrario: Chávez es el caos signado por la violencia y el atraso. Todos a decir "NO" el 15F.

El Universal
Marta Colomina