A cuatro años de la muerte de Danilo Anderson siguen sin castigo sus asesinos. El testigo estrella Geovanny Vásquez y el fiscal instructor, Hernando Contreras aseguran haber formado parte del "montaje" dirigido por Isaías Rodríguez para inculpar a opositores al Gobierno
Luces, cámara... acción. Estas son quizás las palabras que precedieron varias de las actuaciones de la Fiscalía para determinar la autoría material e intelectual del asesinato del fiscal Danilo Anderson. Al menos, así lo han asegurado el ex fiscal investigador Hernando Contreras y el principal testigo Geovanny Vásquez, quienes calificaron de "montaje" las pesquisas del Poder Judicial, cuyo "guión" habría sido escrito por Isaías Rodríguez.
A cuatro años de la muerte del fiscal 4° nacional con competencia ambiental, el caso parece estar lejos de caducar. El año 2008 ha sido prolijo en revelaciones que han impactado a la opinión pública y que le han dado una vuelta total a las averiguaciones, al punto que los encargados de encontrar a los responsables del hecho ahora son los principales investigados. Esto pone en duda la autoría material de los hermanos Guevara, que fue determinada por los tribunales venezolanos.
La semana pasada, el ex fiscal investigador del homicidio, Hernando Contreras, reveló detalles ocultos. El abogado aseguró que un día después de la muerte de Anderson se celebró una reunión entre altos funcionarios del Gobierno en la que se acordó asesinar a Juan Carlos Sánchez, Antonio López Castillo y a Otoniel, Rolando y Juan Bautista Guevara, supuestos autores materiales del crimen.
El ex fiscal dijo que en esta reunión estuvieron presentes el ex ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, el ex director de la Disip, Miguel Rodríguez Torres, el director del Cicpc, Marcos Chávez y los fiscales Gilberto Landaeta y Yoraco Bauza. Todos habrían levantado sus manos en señal de aprobación de los asesinatos.
Contreras también aseguró que el ex fiscal general Isaías Rodríguez dio "luz verde" para que se perpetraran los homicidios. "Se decidió, en una especie de corte donde juzgaban y condenaban de una vez a aquellas personas que aparecieron en la llamada anónima".
Las declaraciones del ex fiscal del caso cobran mayor valor si se recuerda que tanto Sánchez como López Castillo resultaron muertos en supuestos "enfrentamientos" con organismos policiales.
Por su parte los hermanos Rolando y Otoniel Guevara, ex agentes de la Disip y el Cicpc, denunciaron haber sido detenidos y torturados por tres días por cuerpos de seguridad que luego los dejaron abandonados en un terreno de Valencia. Según Contreras, el comisario del Cicpc Ramón Torcat expresó su rechazo a este acto por ser "compadre" de Rolando, por lo que no descartó que estos se hayan salvado por la solidaridad de sus ex compañeros de labores.
Jacqueline Sandoval, representante legal de los hermanos Guevara, asegura estar impactada por las revelaciones: "Es realmente triste que el encargado de que se cumplan la leyes en Venezuela diera ’luz verde’ para que se asesinara a personas".
Pedro Aranguren, quien representa a Marisela Caraballo Anderson y a Juan José Meléndez Anderson, hermanos del Fiscal, califica como "gravísimas" las denuncias del ex funcionario: "Siempre hubo sospechas de que una de las personas fallecidas fue asesinada por la Disip y esa denuncia concuerda mucho con esta sospecha, que esta persona fue torturada y asesinada".
Mientras Morly Uzcátegui, abogado de Geovanny Vásquez, dice que no le sorprende la revelación pues se trata de la "verdad" y concuerda con lo denunciado por su defendido. "La muerte que hubo ahí de este muchacho Castillo, la muerte del señor Sánchez son delitos de lesa humanidad, y la privación ilegítima y la condena que tienen los Guevara de 30 y 28 años, esos son delitos de lesa humanidad, porque son delitos de derechos humanos y eso no va a prescribir nunca".
INVESTIGACIÓN ENTUBADA
A las 9:35 pm del jueves 18 de noviembre de 2004 una carga del explosivo C-4 estalló debajo del asiento de la Toyota Autana color amarillo, perteneciente al fiscal Danilo Baltasar Anderson, cuando éste se trasladaba por la avenida Las Ciencias, en Los Chaguaramos.
Estos son prácticamente los únicos datos incontrovertibles que ha arrojado la investigación del MP desde 2004. Según el testimonio de Contreras todo el proceso de investigación se desencadenó al siguiente día, cuando la División de Homicidios del Cicpc recibió una llamada anónima que implicaba a los supuestos autores materiales.
Esta habría sido recibida por el funcionario Luis Revilla. Horas después se habría planificado la "eliminación" de éstos y la búsqueda de los autores intelectuales. El origen de la llamada nunca fue rastreado por los cuerpos policiales.
La abogada de los Guevara asegura que realizó una investigación que determinó que esa llamada nunca se produjo. "Para las horas y las fechas que dice el funcionario Revilla que se registraron, jamás entraron esas llamadas a ninguno de los teléfonos de Homicidios".
Agrega, además, que podrían ser varias, y no sólo una, las reuniones en las que se planificó asesinar a sus defendidos: "Fueron muchas las reuniones que se hicieron para ver quién era el que iba a matar a Rolando Guevara pero, por supuesto, los mismos funcionarios se negaron a realizar tal hecho y, luego de ser torturado durante tres días, es que aparecen vivos en el estado Carabobo". Mientras, el 20 de noviembre desaparecía Juan Carlos Sánchez y el 23 era abatido el abogado Antonio López.
El 5 de enero de 2005 Jesse Chacón habló de un posible móvil. Según el entonces ministro de Interior y Justicia existían personas de gran poder económico que daban altas sumas de dinero a Anderson para no ser imputados por el caso de los "Carmonafirmantes".
Esta versión se vio confirmada en las actas de investigación donde allegados al fiscal fallecido mencionaban haberlo visto recibir dinero en "bolsas marrones".
Las investigaciones periodísticas parecieron corroborar esta hipótesis. La periodista Tamoa Calzadilla, del diario Últimas Noticias, descubrió que Anderson tenía una caja fuerte en su vivienda donde guardaba altas sumas de dinero y ubicó dos motos de agua, propiedad del funcionario, que posteriormente habrían sido lanzadas al río Guaire por su hermana Lourdes Suárez Anderson. A pesar de esto el Ministerio Público descartó esta línea de investigación.
EL DESMONTAJE DEL TESTIGO
La Fiscalía decidió depositar toda su confianza en Geovanny Vásquez, el testigo "estrella" de Isaías Rodríguez, quien aseguró haber estado presente en toda la planificación del homicidio.
Vásquez fue presentado como un desertor de las Autodefensas Unidas de Colombia, psiquiatra de profesión, que participó en múltiples reuniones efectuadas en Maracaibo, Panamá y Miami, durante las que se planificó el asesinato del fiscal. El testimonio de Vásquez fue vital en la condena de Juan Bautista Guevara a 30 años de prisión, y de Rolando y Otoniel Guevara a 27 años y 9 meses el 21 de diciembre de 2005, como supuestos autores materiales del crimen.
También fue Vásquez quien acusó a la periodista Patricia Poleo, al banquero y dueño de Globovisión Nelson Mezerhane, al general (r) Eugenio Áñez Núñez y a Salvador Romaní hijo, como presuntos autores intelectuales del caso.
Sin embargo, los medios no tardaron en encontrar contradicciones en su testimonio. Geovanny Vásquez no era psiquiatra, las AUC negaron que perteneciera a sus filas y para el momento que dijo haber estado presente en la reunión de Panamá (septiembre de 2003) se encontraba preso en Colombia.
Igualmente, tenía un largo historial de "mitómano" en el país vecino donde fue acusado por estafador y suplantación de identidad. Todo esto llevó a que durante la presentación del acto conclusivo, en diciembre de 2006, fueran archivadas las causas de todos los autores intelectuales, a excepción de Poleo, que se mantiene fuera del país.
Vásquez sería el único capaz de lograr derrumbar su propio testimonio. A inicios de abril pasado dio una entrevista al Globovisión en la que aseguró que el Gobierno le pagó 500 mil dólares para que testificara: "Todo lo que declaré en el juicio de los Guevara es mentira".
Igualmente dijo que nunca prestó declaración ante el juez Gumer Quintana en agosto de 2005, quien firmó las actas de entrevista, con lo que también se desplomaba la acusación contra los autores intelectuales. El ex fiscal Rodríguez, quien siempre mantuvo como verdadero lo dicho por Vásquez, lo acusó de "desquiciado".
El 17 de marzo, en un carta a Luisa Ortega Díaz, el fiscal Contreras corroboró este testimonio y aseguró que las actas de la investigación fueron forjadas por órdenes de Rodríguez: "Nos reunía a los fiscales comisionados y nos decía que debíamos quitar a tal persona o colocar el nombre de esta otra (...) que esa investigación era un problema de Estado". Esto explicaría la existencia de varias versiones de las actas con testimonios distintos de Vásquez.
Todo esto provocó que el 11, el 17 y el 18 de junio fueran imputados el ex juez Quintana, el testigo Vásquez y el ex fiscal Landaeta, respectivamente, por la supuesta alteración de los documentos.
UNA HISTORIA CÍCLICA
Las revelaciones de Hernando Contreras también lograron disminuir la confianza en las gestiones de Ortega Díaz. El ex fiscal aseveró que le planteó todas las irregularidades a Ortega cuando esta se desempeñaba como directora de Actuación Procesal del MP, sin obtener más respuesta que una queja por la filtración de las cuestionadas actas.
Uzcátegui, quien en un principio dijo confiar en la Fiscal, ahora denuncia que se está edificando un "nuevo montaje" con la investigación de las actas para sólo inculpar a Vásquez y Contreras. "Pero a la cabeza, al capo, al delincuente mayor que es Isaías Rodríguez no se le quiere imputar".
Sandoval califica como "patética y triste" la actuación de la Fiscalía en estos cuatro años y también manifiesta sus dudas sobre las futuras decisiones de Ortega. "No ha dado muestras en los últimos meses de querer aclarar estos hechos". Opinión distinta es la del abogado de los hermanos Anderson, para quien la investigación ha tenido dos momentos distintos.
El primero, al que califica de "absolutamente contradictorio", durante la gestión de Rodríguez. El segundo en el que percibe un giro "extraordinario" durante la gestión de Ortega. Entre los avances señala la imputación de jueces y fiscales, la aceptación de querellas contra Ignacio Salvatierra y Ricardo Tucker, así como el acceso a las actas por sus representados: "Hay personas tratando de presionar a la Fiscal para que la investigación no camine pero, hasta ahora, ha demostrado que ha actuado de manera distinta a Rodríguez".
Sin embargo, los juristas sí coinciden en por lo menos tres acciones inmediatas que debería ejercer la justicia venezolana. Llevar la investigación de nuevo hacia sus inicios, siguiendo el móvil de la red de extorsión que rodeaba a Anderson; iniciar una investigación sobre las muertes de Sánchez y López Castillo, y revisar la condena contra los hermanos Guevara, así como la persecución judicial contra Patricia Poleo, por estar ambas fundadas en pruebas manipuladas.
Tal Cual
http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=14647&secid=28¿Qué hará Chávez ante la caída del petróleo?
El gobierno ha hecho todo lo posible por no hablar del tema petrolero en esta coyuntura electoral porque quiere dar la sensación de que las cosas marchan bien y que la economía venezolana está inmunizada con lo que ocurre con los precios. De forma irresponsable los ministros del área económica han venido obviando el asunto pretendiendo no mencionarlo como si ocultando el problema se detendrá la caída de los precios de nuestro único producto de exportación.
Si durante 2009 prevalece un precio promedio de 60 US$/barril, Venezuela experimentará una reducción de sus ingresos petroleros de casi 40%, alrededor de US$ 25.000 millones, y esto es bastante serio para un país donde el gasto público es el único motor que mantiene activa la economía.
En secreto el gobierno trabaja. No se va a quedar de brazos cruzados un gobierno como el de Hugo Chávez. Pasadas las elecciones del 23 de noviembre, con seguridad se prepararán las medidas para ser adoptadas a comienzo de 2009. ¿Cuáles serían esas medidas? En primer lugar, el gobierno debería hacer un uso activo de los recursos que mantiene en el exterior, en las cuentas de Fonden, lo que implicaría inyectar a la economía aproximadamente US$ 7.000 millones. Ello obviamente no alcanza para financiar el sostenimiento del nivel de gasto que necesita el gobierno y sin el cual entraría en una zona de turbulencia.
En segundo lugar, el gobierno va a restringir la entrega de dólares oficiales a través de Cadivi. Ya veremos que la plataforma técnica de Cadivi entrará en mantenimiento a partir del 24 de noviembre con el objeto de demorar la asignación de las divisas. Ello se traducirá, por una parte, en la subida del precio del dólar del mercado paralelo, a menos que PDVSA continúe vendiendo divisas en ese mercado, de forma truculenta, usando para ello un par de casas de bolsa. Por la otra, se pueden presentar situaciones de desabastecimiento en algunos bienes, en particular de repuestos para automóviles. Ya lo dijo el ministro Haiman el Troudi, que el gobierno va a restringir las importaciones y la traducción de esa frase es que el precio del dólar paralelo va a aumentar porque habrá mayor demanda en ese mercado.
La tercera medida que puede adoptar el gobierno es muy peligrosa, pero lo puede hacer. Se trata de imponerle al BCV que disminuya lo que eufemísticamente llaman en el ente emisor el nivel adecuado de reservas internacionales, cuya metodología de cálculo nadie conoce y es un secreto bien guardado. Chávez le pediría al BCV que ese nivel se establezca, digamos en US$ 25.000 millones, porque él estima que ello es suficiente, con los cual el BCV mansamente traspasaría al gobierno más de US$ 10.000 millones. Esto significaría un duro golpe para la estabilidad monetaria de Venezuela pero sería una alternativa para el gobierno ante lo perentorio y necesario que significa devaluar el bolívar para obtener más bolívares por los mismos dólares.
Si el gobierno opta por no devaluar el bolívar en los primeros seis meses de 2009 difícilmente lo pueda hacer después, es decir, a comienzo del próximo año, porque hay que recordar que vienen las elecciones parlamentarias en 2010 y para esa fecha la economía no habrá asimilado ese golpe todavía.
Aunque el gobierno ya ordenó a los entes públicos que ajusten su presupuesto y recorten gastos, tal recorte sería insuficiente para compensar la contracción de los ingresos. Además, la experiencia indica que a lo largo del año se decretan créditos adicionales que terminan inflando el presupuesto nacional. De manera que el escenario de disminución de gasto luce improbable y si ocurre la economía va directo hacia una recesión. Por tanto, 2009 será un año difícil para la economía venezolana al llegar a su final la expansión que comenzó en 2004. Vienen tiempos complicados. A apretarse el cinturón.
José Guerra
Tal Cual
No es una carga, es mi hermano
"...ño, Adán, tú sí pesas", parece estar diciéndole el presidente al primogénito de doña Elena, mientras lo carga en peso para que termine con bien la campaña por la gobernación de Barinas. No ha sido fácil para el comandante echarse al hombro las candidaturas de su partido a nivel nacional. Menos aún ha sido dar la cara por su familia en Barinas, donde tiene tan mala fama la monarquía ChávezFrías. Pero Hugo, que hace todo esto por amor y no para acumular poder para sí, respira profundo, tararea la canción de Cat Stevens "No es una carga, es mi hermano" y sigue sudando.Tal Cual
El fraude sandinista
Testimonios de cómo se manipuló y alteró todo en las Juntas Receptoras de Votos, en las actas y en la toma final del Estadio. Sobornos, amenazas y un proceso con vicios tan descomunales que ni el somocismo pudo jamás perpetrarManagua. Noche del domingo 9 de noviembre. Mientras los capitalinos aguardaban los primeros resultados de las elecciones municipales disputadas por el sandinista Alexis Argüello y el liberal Eduardo Montealegre, cientos de simpatizantes y miembros del partido Frente Sandinista, coludidos con funcionarios del Consejo Supremo Electoral, perpetraban uno de los fraudes electorales más emblemáticos jamás registrados, ejecutado por medio de amenazas, intentos de soborno, abuso de poder, y la manipulación y alteración de los votos.
El programa televisivo Esta Semana, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, transmitió el domingo un reportaje que recoge los relatos de los fiscales de la Alianza PLC, que sufrieron amenazas y expulsiones, y que no pudieron contener al ejército de militantes sandinistas que prácticamente se tomaron la cadena de transporte de boletas y la transmisión de resultados provenientes de los diferentes distritos de Managua, con el apañamiento de funcionarios del CSE.
En estas denuncias, quedan en evidencia la abierta violación de la Ley Electoral y la puesta en práctica de mecanismos coercitivos, con la clara intención de otorgar la victoria al candidato de la pareja presidencial, Alexis Argüello, aun transgrediendo las leyes estadísticas y matemáticas.
AQUÍ COMENZÓ
El fraude se gestó en los mismos centros de votación. El caso del centro educativo en Rubenia, la Junta número 663, es uno de los más representativos. Según Yahaira Cruz, fiscal por la Alianza PLC en esa locación, los policías electorales reclutaron a “vagos” que rodearon la escuela, preparados para agredir a sus colegas.
Además, el centro fue cerrado a las tres de la tarde, violando lo establecido en la Ley Electoral, de manera que cientos de ciudadanos no pudieron votar. Pedro Valdivia, también fiscal del PLC, denunció la parcialidad con que actuaron los funcionarios del Consejo, al ignorar sus reclamos durante el proceso, y en cambio, obedecer de manera beligerante los señalamientos de los fiscales sandinistas.
SOBORNOS Y AMENAZAS
Luego vinieron los sobornos. “A mí sólo me dijeron que me pasara para el partido sandinista, que me iban a dar estudio, que me iban a mandar a otro país”, reveló Byron Pavón, otro fiscal PLC.
A otra fiscal del PLC le ofrecieron una especialización “gratis” en su carrera de Turismo y Administración Hotelera, si no denunciaba las irregularidades. Y si no aceptaba, le advirtieron que le “podía pasar algo”. La fiscal no aceptó.
FRAUDE DESCARADO
Los fiscales de la Alianza Liberal denunciaron la desaparición de actas de escrutinio. “Cuando nosotros abrimos el material electoral miramos las actas de escrutinio con copias. Y, al final, ellos dijeron que desaparecieron las actas de escrutinio, para no darlas a nosotros. Dijeron que no había actas, que no habían venido y que así se iban a ir”, reveló Pedro Valdivia.
En la Junta 5430 ocurrió un caso insólito: el presidente de la mesa llenó la hoja de escrutinio con el resultado del conteo de votos, antes de sacar y contar las boletas. De nada valieron los reclamos de los fiscales liberales.
Otro caso: Según el acta de escrutinio de la Junta 5431, el PLC obtuvo 115 votos y el FSLN 105. Sin embargo, en el sitio web del Consejo Supremo Electoral, se presentó otro resultado para esa Junta.
Lo insólito no terminaba allí. En 5 de las 6 juntas reportadas por el Consejo, el Frente Sandinista obtuvo 280 votos exactamente, desafiando todas las leyes de la probabilidad estadística. Los fiscales del PLC reaccionaron sorprendidos al enterarse de que en las juntas 5430 y 5431, su partido no obtuvo ningún solo voto.
Lo ocurrido en el centro educativo Rubenia se repitió como un patrón en muchas juntas en Managua, alterando la voluntad de los ciudadanos.
ESTADIO TOMADO
En cuanto al proceso realizado en el centro de cómputo de la capital, en el Estadio “Denis Martínez”, las evidencias señalan que la noche del domingo se realizó un fraude descomunal.
Inclusive, el operativo del FSLN para alterar los votos en el estadio fue denominado Operación Danto 2008. Todos sus operadores llevaban gorras con ese distintivo, utilizando el nombre del guerrillero sandinista Germán Pomares.
Al igual que en los centros de votación, en el centro de cómputo de Managua, los liberales estaban en total desventaja. En este punto, la colusión de los sandinistas con los funcionarios del CSE, fue clave para favorecer al candidato Alexis Argüello.
MONTARON UN COMPLOT
En el área de transmisión, los fiscales del PLC anotaban el resultado de las actas de escrutinio que eran enviadas por fax a las oficinas centrales del CSE.
Pero en las actas donde ganaba el PLC, en muchos casos estaban dañadas y no eran transmitidas por fax. Más de 600 actas pasaron directamente a revisión o archivo, sin que los fiscales del PLC pudieran darle seguimiento al escrutinio de las mismas. “Todas las que ellos ganaban pasaban por vía fax y las de nosotros siempre tenían algún pegón”, reveló Perla Dávila, fiscal de transmisión de la Alianza PLC.
“Parece que había como un complot en contra de las actas que venían ganadas por nosotros, porque venían siempre con tape, o mojadas, y en la parte superior de la hoja venía como arrugada para que no pasara por el fax”, añadió Dávila.
EL TIRO DE GRACIA
En el área de aritmética, donde fiscales y técnicos con CSE confirmaban que la suma de las votaciones de cada partido correspondía con la realidad, se les dio el “tiro de gracia” a Alianza PLC.
De acuerdo con Alfredo Martínez, fiscal de ese partido en esta área, los mismos funcionarios del Consejo manipularon la información a favor de Argüello, lo cual confirmaba una vez más la parcialidad para beneficiar al Frente Sandinista. Martínez reveló que el diputado Jasser Martínez, quien se identificó como Jefe Político del CSE, estaba encabezando el operativo.
A continuación, un ejemplo del manoseo del que fue objeto el voto de los managuas: el Frente Sandinista ganó la junta 5402 ubicada en el Colegio “Carlos Mejía Godoy”, con una ventaja de 28 votos. Según el acta de escrutinio de la Junta, el FSLN, obtuvo 103 votos y el PLC 75 votos. Sin embargo, en la pizarra del centro de cómputo, los funcionarios del CSE hicieron desaparecer los votos del PLC y se los dieron todos Frente Sandinista.
En la Junta Receptora número 9180, ubicada en la Escuela San Antonio Sur, el PLC obtuvo 137 votos y el FSLN 60 votos. Pero en la página web del Consejo, el Frente Sandinista obtiene 176 votos y el PLC 48, otorgándole la ventaja de Argüello.
El equipo periodístico de Esta Semana, buscó a los fiscales sandinistas involucrados directamente con el proceso electoral del domingo 9 de noviembre, sin embargo, ninguno dio su versión sobre las graves irregularidades y evidencias de fraude denunciadas por los liberales.
Aunque todavía no lo han declarado ganador, los magistrados del Consejo Supremo Electoral, le otorgan a Alexis Argüello, el 51.32 por ciento de los votos en Managua, y a Eduardo Montealegre, un 46.58 por ciento. Mientras tanto, los reclamos y las evidencias del fraude siguen sin ser atendidas por el Poder Electoral.
Tal Cualhttp://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=14644&secid=1
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