martes, 7 de octubre de 2008

SIP: Venezuela. Informe ante la 64ª. Asamblea General



Los amplios debates, investigaciones, resoluciones, conclusiones y exhortos que la Sociedad Interamericana de Prensa ha realizado sobre la situación de la Libertad de Expresión en Venezuela se conocen internacionalmente.

Numerosas misiones de la SIP han visitado nuestro país cumpliendo responsablemente con los compromisos que justifican su existencia como institución hemisférica para la defensa del derecho de la gente a expresarse libremente. La Reunión de Medio Año de la SIP, correspondiente a 2.008, se celebró en marzo en Caracas, luego de vencer muchas dificultades.

Este ente moral que es la SIP, odiado y atacado por dictadores, por agentes del totalitarismo y mercenarios tarifados de la pluma y de la voz, es hoy más que nunca para los venezolanos un apoyo extraordinario para la reafirmación democrática, inspiración para continuar en la lucha por los derechos del pueblo, para la inalterable perseverancia en los principios.

El programa totalitario que desde hace diez años adelanta el régimen del Presidente Chávez en Venezuela, en concierto con nefastos factores internacionales y ante la indiferencia de muchos, ahora tiene costoso armamento ruso para la guerra contra la firmeza democrática del pueblo venezolano, contra la fuerza de la gente armada de ideas que se expresa en los medios de comunicación independientes, contra el descontento de las mayorías y las protestas pacíficas.

Esta confrontación se manifestó claramente el 2 de diciembre del año pasado, cuando el pueblo derrotó en consulta electoral la propuesta del Presidente Chávez para reformar la Constitución, aprobar su reelección indefinida y perpetuarse en el poder.

Pero el pronunciamiento del pueblo no fue respetado por el régimen de Chávez, quien por delegación de la Asamblea Nacional que controla, decretó 26 leyes que imponen casi las mismas normas negadas en el referendo. Entre ellas la que le permite expropiar la propiedad privada sin que previamente sea declarada de utilidad pública, como también la relativa a las Fuerza Armada Nacional que autoriza la creación de una milicia que responde directamente al Presidente y la convierte en instrumento político.

Esta acción del gobierno contra la voluntad del pueblo ha generado el más amplio rechazo por parte de la sociedad civil que se expresa en manifestaciones públicas y….. a través de los medios de comunicación social no controlados por el régimen.

Pero la función de los medios y los periodistas independientes es cada vez más difícil y peligrosa.
La responsabilidad de informar impone reseñar hechos y denuncias que dejan en evidencia la corrupción sin precedentes en el manejo de los dineros públicos, por lo que han declarado internacionalmente a Venezuela como el segundo país más corrupto de América Latina.
Ahora hay una deuda pública interna multiplicada por Chávez en más de 1.200 por ciento y tres veces aumentó la deuda externa, que pasa los 67.000 millones de dólares.

El presente gobierno ha recibido los ingresos petroleros más altos de la historia, pero más de dos millones de venezolanos padecen hambre.

Se denuncia la crisis en la salud, el renacimiento de viejas enfermedades hace tiempo controladas; en el mes de agosto y por segunda vez en este año, epidemiólogos y profesores universitarios se unen para exigir a la Organización Panamericana de la Salud que active los mecanismos internacionales de vigilancia y control de enfermedades infectocontagiosas en el país; protestan estudiantes, padres y maestros contra la ideologización de la educación y la cultura. Igualmente se repudia la negación de los valores nacionales mientras el régimen y sus activistas honran guerrilleros, terroristas, asesinos.

La violencia, inseguridad e impunidad sin precedentes han constituido a Caracas en la capital con más homicidios de América Latina y al país en escenario de crímenes impunes, sin culpables.
Esta es la realidad que atropella a un pueblo que tiene derecho universal, garantía constitucional a la vida y la paz.

Es la verdad que nos confronta ante quienes, desde el poder, tratan de ocultar y negar hechos, amenazan, persiguen, cierran el acceso a la fuente informativa oficial y suprimen la información estadística.

La prensa, los medios de comunicación independientes, no vamos a callar.

Ataques contra medios de comunicación y periodistas en los últimos seis meses:

ABRIL:

* La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos -OEA- hizo público su Informe Anual correspondiente al año 2.007, en el que expresa "preocupación por el ambiente hostil para el disenso político, la criminalización de la protesta social, el hostigamiento contra organizaciones no gubernamentales y contra defensores de los derechos humanos, la existencia de obstáculos directos e indirectos a la libertad de expresión, las graves condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad, los cuestionamientos relacionados al funcionamiento de la administración de justicia y el incremento de los índices de inseguridad ciudadana". También señala el Informe "la falta de concreción de fechas para la realización de una visita de la Comisión o del Relator a Venezuela". Como se sabe, el gobierno de Chávez se ha negado desde hace varios años a permitir la visita a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

* Fue allanada por la Policía Metropolitana de Caracas la residencia de la periodista Marieta Santana, de Radio Caracas Televisión Internacional.

* El locutor Oswaldo Vásquez, de Puerto Cabello, fue asesinado a tiros por desconocidos.

MAYO:

* La ONG Amnistía Internacional, en su informe del año 2.007, señaló que en Venezuela persisten la violencia y la impunidad. Entre los casos resaltó el clima de violencia política que se vivió el año pasado entre la ciudadanía y la policía por la no renovación de la concesión de RCTV y cómo manifestantes fueron reprimidos con violencia en diferentes protestas.

* Las periodistas Ana Karina Villalba y Gabriela Perozo, del canal de noticias Globovisión, presentaron denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber sido víctimas de agresiones por parte de agentes del Estado y simpatizantes del gobierno.

* En Bejuma, estado Carabobo, fue atacada la sede del semanario "Dicho y Hecho", por desconocidos.

* El abogado Herman Escarrá denuncio que el periodista Leocenis García, quien había sido detenido en Valencia, esta siendo sometido a torturas psicológicas y teme por su vida.

* El SENIAT, organismo recaudador de impuestos, sanciono a los diarios El Nacional de Caracas, Diario Católico de del Estado Táchira y a los canales Globovisión y La Tele.

* El gobierno decidió cobrar una suma prohibitiva por la retransmisión de cada segundo de la señal del canal del Estado, Venezolana de Televisión, Los canales independientes toman de la televisora oficial las noticias relativas a las actividades del Presidente Chávez y de los entes oficiales, a las que se prohíbe cubrir por periodistas no oficialistas. La medida de cobro fue suspendida luego de fuertes protestas.

* El 27 de mayo se cumplió un año del cierre, por razones políticas, de Radio Caracas Televisión, ordenado por el Presidente Chávez.

JUNIO:

* El abogado de Giovanny Vásquez, testigo principal en el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson, declara que su defendido recibió "un guión" de parte del entonces Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez. La periodista Patricia Poleo fue señalada con base a ese falso testimonio por supuesta autoría intelectual y se encuentra exigiendo justicia desde el exilio en Estados Unidos.

* La Cámara Venezolana de la Radiodifusión expresa su preocupación por la proliferación de más de 300 emisoras ilegales y exige al gobierno que las cierre. El presidente de la Cámara, Nelson Belfort, cuestionó el cierre selectivo de emisoras por parte del gobierno y criticó que en el proceso de renovación de títulos que solicitaron oportunamente 156 estaciones de radio AM solo se ha renovado el 40 por ciento.

* Intensas protestas generalizadas enfrentan la ley de Inteligencia y Contrainteligencia presentada por el gobierno para controlar actividades ciudadanas, restringir la información y las labores de los periodistas, en abierta violación a principios constitucionales. El repudio nacional logro hacerla suspender.

* La policía política retiene y libera al corresponsal de RCN Colombia, Jason Calderón, a quien intentaron quitarle la cinta de video donde grabo imágenes de una vivienda propiedad del Ministro de la Defensa.

* Fue asesinado el vicepresidente del diario Reporte de la Economía, aparentemente confundido con su hermano, director del periódico, quien había recibido amenazas personales.

* El canal Globovisión denuncia presiones por parte de organismos recaudadores de tributos.

* La televisora TELEVEN fue sancionada por CONATEL, ente oficial para el control de las telecomunicaciones, por transmitir en horario denominado "todo usuario" el programa de producción estadounidense "Los Simpsons".

* Fue asesinado en su residencia el conocido periodista de RCTV internacional Javier García.

JULIO:

* La presidenta de la Asamblea Nacional calificó de "mercenarios" a reporteros de los diarios El Nacional, Cecilia Calone y El Universal, Pedro Pablo Peñaloza, por publicar denuncias de la diputada Pastora Medina, en las que se señala una cantidad de familiares de la presidenta ocupando cargos administrativos en el parlamento. El Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa rechazaron el trato de la presidenta de la Asamblea Nacional contra los periodistas.

* Fue encontrada muerta la estudiante de comunicación social Roxana Vargas Quintero, pasante en RCTV internacional.

* La policía política detuvo por 7 horas en Barinas al corresponsal de El Nacional, Luís Dimas y al fotógrafo Johnny Camacho, mientras investigaban la información relacionada con un hurto en la residencia de un sobrino del presidente Chávez. El periodista dijo que la DISIP le quitó un acta policial con detalles sobre el hurto de 10.000 dólares.

* Dayana Fernández y Luís Torres, del diario La Verdad del Estado Zulia, denunciaron haber sido agredidos por funcionarios oficiales adscritos a la Fundación Ambiental de Maracaibo.

* El sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció públicamente lo que definieron como "trato denigrante y vejatorio al cual el Presidente de la República Hugo Chávez sometió a un trabajador del canal oficial Venezolana de Televisión durante la realización del programa Aló Presidente del pasado domingo 27 de julio". La directiva sindical reclamó que "de manera desconsiderada, el Jefe de Estado descargó todo su enojo contra el camarógrafo Efraín Castro. El trabajador subalterno fue increpado por el hecho de que el contrato colectivo del Canal 8 -que no se actualiza desde hace 14 años-contiene un régimen especial para remunerar las guardias los días domingo". El Sindicato afirma que "el desafuero presidencial ha lastimado tremendamente el animo y la moral de los trabajadores de la planta del Estado".

* El Tribunal Supremo de Justicia rechaza por tercera vez devolver la señal a Radio Caracas Televisión, cuyos equipos de transmisión en todo el país permanecen tomados por el gobierno. Precisamente, el día de hoy se cumplen 500 días de este despojo repudiado por la gran mayoría de los venezolanos.

* Desconocidos agredieron la sede de la emisora "Color 99.5 FM" en la ciudad de Maracay.

AGOSTO:

* La Academia de Ciencias Políticas y Sociales declaró, en pronunciamiento oficial, que las 26 leyes decretadas por el Presidente Chávez en el marco de una Ley Habilitante "presentan un contenido restrictivo a los derechos fundamentales, consagran principios y fines de un solo pensamiento ideológico, modifican normas constitucionales sin el debido procedimiento democrático de consulta, lo que configura su inconstitucionalidad".

Los académicos denuncian que los decretos "alteran el equilibrio entre poderes" e "irrespetan la voluntad popular" expresada el 2 de diciembre de 2.007, cuando el pueblo rechazó la "reforma constitucional ideologizada y sustitutiva del sistema democrático".

* Un proyecto de Ley de Telecomunicaciones preparado por el gobierno trascendió públicamente y fue objeto de serias críticas porque establece más sanciones para los medios y otorga a Chávez la facultad absoluta de intervenirlos, así como a los contenidos de mensajes a través de telefonía móvil e internet. La ministra de Telecomunicaciones declaró en el canal oficial que se trataba de "uno de los borradores" elaborado por el Ejecutivo en el marco de la Ley Habilitante. Ante el contundente rechazo ciudadano, el gobierno negó la existencia del proyecto.

* El único de los rectores del Consejo Nacional Electoral que es considerado independiente, Vicente Díaz, acusó a Chávez de usar recursos públicos para promover sus candidatos para las elecciones de Alcaldes y Gobernadores a través del canal del Estado y otros medios oficiales, entre ellos la red Radio Nacional de Venezuela. Dijo el rector que Venezolana de Televisión "promueve permanentemente las candidaturas del PSUV", el partido creado por Chávez.

* Un documento confidencial del gobierno, obtenido por el diario El Nacional, revela un plan destinado a intervenir en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes en todo el país utilizando a la compañía nacional de teléfonos (CANTV), la mayor prestadora de servicios de telefonía fija, celular, data e Internet en Venezuela, estatizada hace dos años por el Presidente Chávez. El plan contempla la "activación política de las sedes de CANTV a nivel nacional , en función del fortalecimiento de los liderazgos regionales y municipales pertenecientes al Partido socialista Unido de Venezuela (PSUV), de cara a las elecciones de noviembre próximo". También señala "la conformación de una sala situacional coyuntural que pueda cumplir la función de tratamiento de la data, informaciones, etc., que genere el proceso activado". El proceso automatizado de elecciones en Venezuela transmite data por CANTV.

* Hace pocos días dirigentes de la oposición denunciaron que "en los sótanos de la CANTV el régimen realiza grabaciones y se producen montajes de conversaciones" con asesores rusos y del G2 cubano.

* Fue denunciada la suspensión de dos emisoras radiales en el estado Guarico por parte de CONATEL, obedeciendo órdenes del gobierno nacional y con intervención militar. Se denunció como motivación que estos medios no respaldan al candidato del presidente a la gobernación de ese estado.

SEPTIEMBRE:

* El gobierno en el estado Monagas fue acusado de recoger la edición del diario "El Sol" donde se publican denuncias que incomodan al gobernador.

* El Gobernador del Estado Miranda atacó a los medios de comunicación, denunció una conspiración contra Chávez, acusó y amenazó a Globovisión y su Director Alberto Federico Ravell.

* "Una década del gobierno de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos". Así se titula un fundamentado informe presentado por la ONG "Human Rights Watch" el día 19 de septiembre en Caracas. El informe afirma que "ha habido un desprecio manifiesto del principio de separación de poderes consagrado en la Constitución de 1.999 y, en especial, la idea que un poder judicial independiente es indispensable para proteger los derechos fundamentales". A las pocas horas de presentado el informe, el gobierno expulsó del país a José Miguel Vivanco, Director de Human Rights Watch y Daniel Wilkinson, funcionario de esa ONG.

* En la madrugada del 23 de septiembre activistas afectos al Presidente Chávez lanzaron bombas lacrimógenas contra la sede del canal de noticias Globovisión. Los atacantes se desplazaban en motocicletas y vehículos rústicos parecidos a transportes militares. En la mañana, en entrevista por televisión, los dirigentes del grupo que se atribuyó el ataque declararon como "objetivo militar" a Globovisión y su Director Alberto Federico Ravell.

* Más de 30 organismos mundiales de derecho humanos condenan la expulsión de los representantes de Human Rights Watch por parte del régimen de Chávez y denuncian que la decisión del gobierno venezolano "está destinada a debilitar la acción de los defensores de derechos humanos, interferir en el desarrollo de sus funciones y desacreditar de manera infundada la reputación de estas instituciones".

* El columnista del diario CORREO del CARONI Eliécer Calzadilla, un crítico consistente contra la corrupción en la región y el deterioro institucional en Venezuela, fue atacado por pistoleros desconocidos quienes, sin mediar palabras, le dispararon e hirieron gravemente en la cabeza. No se conoce el resultado de las investigaciones de los organismos oficiales sobre el caso.

* El editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, denunció que el régimen trama una inminente acción judicial en su contra por supuesta traición a la patria y acusaciones sobre magnicidio y golpe de estado que han hecho públicas altos personeros oficiales. Otero viene cumpliendo, junto con individualidades y factores democráticos, una recia campaña por la defensa del pronunciamiento del pueblo venezolano en el referendo del pasado 2 de diciembre de 2.007, cuando fue derrotada una propuesta de Chávez para reformar la Constitución.

* "El gobierno pretende liquidar los espacios democráticos" denunciaron el 28 de septiembre un grupo de 25 intelectuales, al rechazar represalias por defender los derechos ciudadanos y en respaldo al editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero. Acusaron que "El Presidente quiere sofocar a los factores democráticos".

* El Director Ejecutivo para America Latina de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, denunció que sufrió maltratos al ser expulsado de Venezuela por las autoridades del gobierno de Hugo Chávez.

* Periodistas de medios de comunicación denunciaron hostigamiento por parte de autoridades en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas. Los funcionarios les retuvieron sus pasaportes que presuntamente manipularon con fines de control político.

* Marcel Granier, presidente de Empresas 1BC y Radio Caracas Televisión, afirmó que las acusaciones de golpismo y magnicidio lanzadas desde el gobierno contra periodistas y medios de comunicación, "son infundadas y que se repiten en situaciones de debilidad del oficialismo".

* La ONG Reporteros sin Fronteras condenó, desde su sede principal en Paris, el atentado contra el columnista del CORREO del CARONI Eliécer Calzadilla.

No podemos concluir este informe sin considerar los falaces conceptos contra medios de comunicación venezolanos expresados por el embajador de Chávez en la Organización de Estados Americanos, mandado por su gobierno a hablar el pasado lunes 29 de septiembre en sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Repitió el mandadero la cartilla chavísta contra los medios de comunicación independientes de Venezuela, calificándolos de "golpistas" y afiliándoles por su cuenta con lo que calificó como "la dictadura neoliberal" que "se vale de medios de comunicación privados para ocultar sus crímenes".
El representante de Chávez señaló entre los "servidores de la ultraderecha internacional" a la cadena Fox, de Estados Unidos, Grupo de Diarios de América, al que están afiliados importantes periódicos de países latinoamericanos como El Nacional de Caracas, asimismo a esta institución que es la Sociedad Interamericana de Prensa, al grupo PRISA, el diario EL PAIS y la cadena radial COPE, de España. También al diario El Mercurio de Chile, El Universal de Ciudad de México y finalmente a lo que llamó "la televisora golpista venezolana Globovisión".

Dijo el mandadero del Presidente Chávez que existe una campaña para detener "la extensión de la democracia progresista por el continente americano" que, según él, "ha estado floreciendo en los espacios latinoamericanos y caribeños, particularmente durante los últimos diez años, de la misma forma que el continente se ha estado inclinando hacia profundos cambios sociales." Casualmente, Chávez cumple ya diez años en el poder y se le acusa reiteradamente de intervenir en la política de varios países de Latinoamérica utilizando los recursos financieros que ha generado en abundancia, sin precedentes, nuestro petróleo y que pertenecen al pueblo venezolano.

Es nuestra responsabilidad puntualizar, como editor venezolano, Presidente del Bloque de Prensa Venezolano, miembro de la SIP y su Vice-Presidente para la Libertad de Expresión en Venezuela, que la experiencia que vivimos los periodistas y los medios de comunicación independientes en nuestra patria registra graves y repetidas violaciones a los derechos humanos por parte del actual gobierno, que deberían ser investigadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, creado el 15 de marzo de 2.006 en Asamblea General sin el apoyo del gobierno de Chávez de Venezuela, Bielorrusia e Irán, en curiosa coincidencia con los votos en contra por parte de Estados Unidos, Israel, Palau y las Islas Marshall.

En el mes de julio de este año, durante su intervención en la VII conferencia de Ministros de Información del Movimiento de Países No Alineados realizada en la ciudad de Margarita, Venezuela, Chávez planteó la creación de "una poderosa internacional de comunicaciones, que lance nuestra voz al mundo; es decir, una verdadera cadena mundial". Hace dos años el gobierno de Chávez anunció su determinación de consolidar una "hegemonía comunicacional". En la actualidad el régimen ha creado con dineros públicos y controla la mayoría de los medios de comunicación a los que impone contenido ideológico, propagandístico y proselitista.

Con la puesta en vigencia por Decreto y de manera inconstitucional 26 leyes que contradicen el pronunciamiento del pueblo en el referendo del pasado 2 de diciembre de 2.007, el Presidente Chávez tiene facultades para expropiar cualquier empresa, incluyendo medios de comunicación privados que no podrá doblegar.

La convicción democrática y espíritu de lucha de las mayorías, garantiza las perspectivas para un mejor futuro en Venezuela.

El Universal
http://www.eluniversal.com/2008/10/05/pol_esp_informe-ante-la-64._05A2045803.shtml