miércoles, 10 de junio de 2009

Rojas camisas pardas. Brigadas de choque han realizado ataques violentos contra partidos políticos de oposición.


“Llámame en un rato, me están inyectando”. Es la respuesta que da José Paredes, miembro de la dirección de AD seccional Caracas, a una llamada telefónica para que explique, precisamente, la razón de sus inyecciones. Paredes fue recetado con antibióticos luego de la operación en la que le reconstruyeron el húmero fracturado en tres partes tras las agresiones realizadas por seguidores del gobierno la madrugada del miércoles 27 de mayo.

Las irregularidades empezaron luego de que un grupo de Policaracas interceptara a Paredes y a varios militantes de AD que colgaban pendones a favor del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma.

“Cuando se comunicaron por radio, escuchamos que les dieron las instrucciones de que si la publicidad era del gobierno que nos dejaran ir, pero que si era de la oposición que la quitaran y nos metieran a todos presos. Como a las 3 de la madrugada nos devolvieron la cédula y nos dejaron ir”, narra Paredes.

A este primer encuentro siguió otro violento pocos minutos después, cuando dos motorizados con “barrilleros” los persiguieron a lo largo de la avenida Libertador, a la altura de Colegio de Ingenieros y patearon la moto en la que iban Paredes y su compañero.

“Eran motos montañeras y sin placa. Estaban armados y nos entraron a patadas llamándonos escuálidos y sucios adecos”, recuerda.

La intervención, a su juicio providencial, de unos indigentes que circulaban por la zona, permitió que las lesiones no fueran mayores, salvo por los ocho clavos con los que fijaron las distintas partes del brazo fracturado de Paredes, consecuencia, al igual que numerosos hematomas, de los golpes y patadas que recibió en el piso.

ACORRALADOS EN ANACO
El de Paredes no es el único caso de agresión contra partidos políticos que cuenta con el aparente aval de los cuerpos policiales. Una semana antes, la casa municipal de AD en Anaco también fue objeto de ataques por parte de oficialistas.

La dirigencia municipal del partido denuncia, además, que en esta oportunidad contaban con el respaldo de la administración pública regional.
“Íbamos a celebrar un encuentro con las autoridades nacionales, entre ellas el propio secretario general, Henry Ramos Allup.

Fuimos recibidos por más de 200 personas que rodearon la casa, rompieron vidrios, la llenaron de graffitis y lanzaron piedras y botellas”, recuerda Luis Guevara, secretario municipal del partido.

A las afueras, aupando la acción de este grupo violento, había un camión con fotos del alcalde peseuvista, Francisco Solórzano, en el que Guevara alcanzó a reconocer al director general de la alcaldía, Tomás Aguilera.

El resultado de esta acción fue de diez personas lesionadas, entre los que se contó el ex candidato a la alcaldía de esa entidad, Carlos Andrés Michelangeli, y seis mujeres militantes del partido “ante la mirada impávida tanto de la policía municipal como de la regional”, comenta Guevara.

GOLPES EN MONAGAS
La indiferencia no ha sido la única actitud de los cuerpos policiales ante las agresiones a la disidencia política. En el caso de Wilfredo Febres, secretario regional de UNT en Monagas, el jefe de la policía, Enrique Díaz Granados, fue quien dio la orden de agredir.

“Les dijo a sus guardaespaldas ‘deténganlo, cáiganle a coñazos, jódanlo”, asegura Febres, quien coordinaba la entrega de volantes en contra de la enmienda constitucional los días previos al 15 de febrero.

Los subordinados obedecieron la orden. “Sentí que me jalaron por la espalda y me golpearon contra el suelo. Me caí y me di un fuerte golpe en la rodilla, recibí varios puntapiés y me subieron a la patrulla”.

El destino final de Febres fue la sede de la policía regional de donde, por consejo de los médicos del organismo, fue enviado al área de estudios coronarios de una clínica en Maturín, a la que ingreso con una crisis de hipertensión provocada por los numerosos golpes recibidos.

El de Febres parece ser el único caso que no quedará impune. Además de haberlo remitido a la comisión de Derechos Humanos de la OEA, el Ministerio Público de Maturín abrió un procedimiento para investigar la actuación de los policías.

Sin embargo, Febres, Paredes y Guevara coinciden en el escepticismo de una justicia que, aseguran, ha generado una cultura de la impunidad y de la persecución a la disidencia en el país, en la que las agresiones físicas son la nueva estrategia.


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