A través de redes y en las aulas habrá desobediencia a la Ley

Voceros advierten que la lucha es de toda la sociedad y no sólo de los maestros

Tras la promulgación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) diversos sectores del país están activados para impedir su aplicación. Desacatar la Ley, solicitar un referendo abrogatorio y resistirse en las aulas son algunas de las ideas que están colocadas en la mesa, como actos de rebeldía.

El sector más movilizado ha sido el de la educación privada, que a través de asambleas y foros está informando a padres y representantes sobre los alcances de la LOE, y organizándose para afrontarla.

Sin entrar en los detalles del cómo, el presidente de la Cámara Venezolana de la Educación Privada (Cavep), Octavio De Lamo, se mostró satisfecho por la masiva asistencia de padres y representantes, pese al asueto escolar, para enterarse de la Ley.

"El rechazo debe ser organizado y consensuado. Es necesario configurar la solidaridad entre directores, docentes y padres. Estamos organizando redes nacionales que se conectarán con los planteles públicos para hacer frente a la Ley, y evitar la intervención del Gobierno".

Pero la resistencia no se limitará a la acción cívica, De Lamo, acudirá mañana a la sede de la Unesco a denunciar la ilegalidad de la LOE porque violenta los derechos humanos

Para el presidente de Fetramagisterio, Nelson González, será a partir del 20 de septiembre cuando se dé la lucha contra la Ley en las aulas. La cual, acota, pasa por la unidad de todos los sectores opositores.

"Entre los docentes hay un ánimo de desobediencia por la forma como ha sido aprobada y promulgada la Ley. No podemos adelantar el cómo, pero es claro que nos pondremos de acuerdo para impedir que se aplique".

Sin embargo, González advierte que la lucha no deben ni pueden darla sólo los docentes. "Este es un problema que atañe a todo el país. Es necesario agrupar a todos los sectores que nos oponemos. Es un problema político y pedagógico. La sociedad como un todo, sin importar si tiene o no hijos en las escuelas o liceos, debe sumarse".

Incertidumbre y caos "A mi juicio el gran problema de la Ley es que va a generar gran incertidumbre entre los docentes porque no sabrán a qué norma apegarse, ya que no hay reglamentos ni leyes especiales. Pero lo más grave será el caos que causarán los consejos comunales cuando quieran apropiarse de las escuelas y liceos. Es ahí donde se dará la resistencia docente", apunto Pedro García, del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez.

Al tanto del temor que gravita sobre muchos colegas, para García es necesario una campaña de información para que conozcan sus derechos, y no se dejen amilanar por el Gobierno.

Entretanto, Homero Rodríguez, secretario de Organización de Fenaslev, los docentes volverán a los salones envueltos en la confusión de no saber a qué atenerse. "Al final los maestros darán sus clases con los textos ya asignados, y sabrán cómo comportarse de acuerdo a sus principios democráticos. De eso no hay duda".

Gustavo Méndez

EL UNIVERSAL

Rechazan privilegio del Estado para comprar tierras urbanas

Afirman que Ley de Tierras Urbanas viola derecho a disponer de la propiedad

El ordenamiento jurídico relacionado con el derecho a la propiedad privada sigue cambiando a partir del deseo del presidente Hugo Chávez de "acelerar la Revolución".

Con la aprobación de la Ley de Tierras Urbana se dispararon las alarmas en diversas organizaciones de propietarios de inmuebles, quienes temen por los atributos de la propiedad -uso, goce, disfrute y disposición- contemplados en la Constitución Bolivariana.

La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) manifestó su rechazo a la mencionada Ley de Tierras Urbanas (LTU) por considerar que contiene "graves violaciones al derecho de propiedad". En esta ley se plantea regular el uso y la tenencia de tierras urbanas para desarrollar programas sociales de viviendas. El abogado Roberto Orta Martínez, presidente de Apiur, alertó con preocupación que la política gubernamental en viviendas consiste en no entregar títulos de propiedad de las unidades habitacionales de interés social (construidas por el Gobierno), sino que se entregan documentos y derechos de permanencia o adjudicación.

Estos mecanismos, aunados al articulado de la Ley de Tierras Urbanas que impone preferencia de venta al Estado en vez de a cualquier particular, se transforman en una violación constitucional. Orta señala que el artículo 17, que establece "un derecho de preferencia en favor de la República para adquirir tierras urbanas", viola el atributo de disposición de la propiedad previsto en el artículo 115 de la Constitución Bolivariana pues "sin ser expropiada se le impone un gravamen, bloqueando cualquier negociación entre particulares".

Esta disposición de la Ley podría extenderse incluso a los proyectos de vivienda en construcción por los privados, que constituyen más de 80% de las soluciones habitacionales, con la consecuente incertidumbre, detalló Apiur.

También se cuestiona el ar- tículo -cuya redacción final está bajo discusión en la Asamblea Nacional- que establece que las tierras urbanas en algún tipo de litigio puedan ser ocupadas, lo que impulsaría las invasiones, pues las comunidades organizadas como consejos comunales u otras asociaciones pueden ocupar las propiedades".

Ejecutivo sin límites Orta expresó que a través de los artículos 3 y 6 de la Ley de Tierras Urbanas se eliminan los controles que deben ejercer los poderes Legislativo y Judicial sobre el Ejecutivo en materia de intervención y expropiación de propiedades.

Estos dos artículos establecen que son de utilidad pública las tierras urbanas sin uso y definen que están aptas para programas sociales de vivienda las tierras urbanas abandonadas por sus propietarios, las que estén sin edificar y "cualquier otra que así determine el Ejecutivo nacional", rasgo que para Orta revela gran discrecionalidad.

La dirigencia de Apiur recuerda que durante la gestión del ex alcalde mayor Juan Barreto se afectaron 241 propiedades sin que todavía los dueños hayan recibido la correspondiente indemnización contemplada en la Ley de Expropiaciones.

Asimismo, hacen un llamado al Ejecutivo nacional para que emplee tierras públicas ociosas, "como Fuerte Tiuna y la base aérea La Carlota, de 5.000 y 121 hectáreas, respectivamente, donde se pueden construir viviendas o el prometido parque recreacional para Caracas".

Además Orta dijo que muchas tierras pueden pertenecer a los municipios según la Ley de Ejidos, además que esas tierras podían tener alguna función para las comunidades, tales como reservorio de áreas verdes o asiento para servicios en el subsuelo.

Ernesto J. Tovar

EL UNIVERSAL