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Consejos comunales y pueblos indígenas deben cumplir, según la norma, un papel en la enseñanza
Desde ahora, la participación de las organizaciones comunitarias en el proceso educativo está amparada por normas. Los consejos comunales y las comunidades indígenas pasaron a formar parte de los actores sociales que tendrán funciones académicas en los centros educativos del país.
Según los especialistas, la nueva Ley Orgánica de Educación destaca el papel comunitario de las escuelas y deja por debajo el aspecto educativo.
El artículo 6, numeral 3, de la LOE establece que el Estado planificará, ejecutará y coordinará políticas y programas para "alcanzar un nuevo modelo de escuela, concebida como espacio abierto para la producción y el desarrollo endógeno", además del "quehacer comunitario".
"La escuela deja de ser, por mandato de la ley, un centro de quehacer pedagógico -como nos orienta la Constitución-, para convertirse en centro de quehacer comunitario", dijo Nancy Hernández, socióloga y miembro de la Federación Nacional de Padres.
Elías Santana, director de Escuela de Ciudadanos, indicó que era una vieja aspiración que existiera más relación entre la escuela y la comunidad, pero indicó que la misión principal de esas instituciones es la educación y no los aspectos comunitarios: "Sólo en un segundo plano es bueno que sea un espacio para beneficiar a la comunidad".
A su juicio, es importante reforzar a las sociedades de padres y representantes dentro de las escuelas para evitar la partidización.
A pesar de que en el texto normativo se señala más adelante que la escuela es un ente para "las innovaciones pedagógicas", criticaron que se toma como un aspecto marginal y que, además, se omite la formación académica y la reafirmación de valores.
Ambos especialistas consideran que la participación de los consejos comunales se convertirá en un "sistema de control político" para los maestros y las autoridades de los centros educativos.
"La labor de algunos consejos comunales es encomiable porque han tenido la virtud de estimular la participación", dijo Hernández; sin embargo, agregó que lo que pretende la ley es que "estos `maestros del saber popular ancestral’ sean los que dicten la norma de cómo se va a adecuar el currículum básico nacional a la realidad local, geográfica y con los objetivos del desarrollo endógeno".
Cree que serán las autoridades gubernamentales -y no los miembros de la comunidad educativa- los que decidirán cómo debe ser la relación entre las escuelas y el poder popular.
Nuevos pedagogos. El artículo 18 de la LOE establece que los consejos comunales, los pueblos y comunidades indígenas y demás organizaciones sociales de la comunidad también son corresponsables de la educación "ejerciendo un rol pedagógico liberador para la formación de una nueva ciudadanía con responsabilidad social".
A Hernández y Santana les preocupa que muchos de los que se designen para participar en el acto educativo no tengan la experiencia, la formación y la experticia para dirigir los procesos académicos.
Lo grave, de acuerdo con María Curiel, miembro de la Cámara Venezolana de la Educación Privada, es que a los consejos comunales se les pone por encima de las comunidades educativas en las funciones de la enseñanza.
Santana piensa que las comunidades se pueden convertir en un apoyo para los docentes en la conducción de la formación, "pero no debe ser el ente que educa, para eso están los especialistas, que son los docentes".
Criticó que el Estado delegue la función de la evaluación de los docentes y de la enseñanza a las comunidades. Además, señaló que la ley intenta hacer a un lado las sociedades de padres -a pesar de que no las elimina ni las prohíbe- para dar espacios a los consejos comunales.
"Buscan convertir a la comunidad (...) en el centro del quehacer pedagógico. Hay una perversión, hay un cambio de papeles, que destruye la institución escolar y convierte al docente en un instrumento del comisariato político de turno", expresó Hernández.
Efrén Rodríguez, educador y miembro de Ciudadanía Activa, señaló que los padres deben movilizarse a pesar de que la ley ya fue aprobada. "No es tarde, porque lo peligroso no es la ley actual sino las leyes especiales que se van a aprobar", advirtió.
El Nacional
sábado, 22 de agosto de 2009
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