KGB silencia las críticas y denuncias de periodistas contra el Gobierno
Rusia y Belarús ejemplifican cómo la llegada de líderes con tendencia autoritaria a sus respectivas gobiernos ha sumido a los ciudadanos en una grave situación, en la que es censurada la libertad de expresión y castigada la prensa que no acata sus reglas y critica la política oficial.
Con el ascenso al poder de Alexander Lukashenko en Minsk en 1994 y Vladímir Putin en Moscú en 2000 el común denominador, en ambos países, son las situaciones de agresión, intimidación y hostigamiento a activistas de derechos humanos, así como a periodistas.
"Los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación son la piedra angular para una sociedad activa. Las autoridades rusas están restringiéndolos dentro de su estrategia para contrarrestar lo que denominan influencia occidental". Así definió Nicola Duckwoth, director del Programa de Europa y Asia Central de Amnistía Internacional (AI), la situación en Rusia.
Desde que llegó Putin al poder, hasta que finalizó sus dos mandatos en 2008, 18 profesionales de la prensa han sido asesinados sin esclarecerse los hechos.
El caso más emblemático es el de Anna Politokvskaya, asesinada el 7 de octubre de 2006, conocida por investigar las violaciones contra los derechos humanos que comete el Ejército ruso en Chechenia. Han sido detenidas cuatro personas, pero Reporteros Sin Fronteras (RSF) y AI consideran que esas aprensiones no esclarecen los hechos.
A pesar de que el actual presidente de Rusia es Dmitri Medvedev quien ha jurado respetar y defender los derechos y libertades de los ciudadanos, AI considera que los espacios para difundir información crítica al Gobierno cada día se reducen. Putin es ahora primer ministro.
Los periodistas que los desafían pone en riesgo su propia vida. Son los principales blancos de acoso e intimidación, las autoridades los tachan de antipatriótico y, en esa misma medida, son castigados y apresados.
Belarús, por su parte, ha implementado leyes que censuran la libertad de expresión e información y las autoridades presionan fuertemente a los dueños de medios y periodistas.
En el 2008, Lukashenko firmó la Ley de Medios de Comunicación que, denuncia RSF, representa una involución en materia de libertad de expresión porque erradicaría a los medios independientes, además de reforzar el control del Estado sobre Internet y simplifica los procedimientos para cerrar los medios.
Adicionalmente, la KGB belarusa censuró a caricaturistas que publican sus imágenes animadas en Internet, además de registrar sus casas con el propósito de intimidarlos. RSF asegura que "cualquier crítica del poder, se castiga con severidad".
Minsk se propone seguir el ejemplo de China en materia de censura a Internet. Quieren filtrar los contenidos para bloquear información que infrinja la ley o "normas morales".
El Universal
La división de Bolivia se profundiza
El decreto que consagra las autonomías indígenas reaviva la ruptura entre los Andes y el este del país - El Gobierno ensalza la quiebra del orden social
El presidente boliviano, Evo Morales, ha vuelto a agitar el avispero boliviano con un decreto que abre la puerta a las autonomías indígenas. Para algunos es una jugada electoral para asegurarse la reelección, para otros sólo un disparate y para los demás un acto de justicia histórica. Para el Gobierno de Evo Morales, el proceso autonómico está destinado a "romper el monopolio del poder político de las elites, especialmente de las tierras bajas [el este rico en petróleo y gas: Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija] y complementar la lucha por los territorios indígenas, que representa la ruptura del monopolio del poder económico", en palabras del ministro de Autonomía, Carlos Romero, impulsor del decreto."Es la expulsión de las estructuras del colonialismo interno, la ruptura del poder económico, del poder político y la ruptura del poder cultural", dice Romero. "Declaramos la autonomía indígena para romper definitivamente las cadenas de sumisión hacia los poderes políticos, culturales y coloniales". Morales se ha adelantado medio año a la fecha prevista para sacar adelante el decreto de autonomía, que se esperaba cerca del 6 de diciembre, la fecha de las elecciones generales en las que el presidente espera obtener un segundo mandato.
La autonomía indígena y campesina es el hito que culmina la lucha por la inclusión que comenzaron los pueblos del norte y el oriente de Bolivia en 1992, cuando ascendieron desde los llanos a las cumbres andinas en una dramática caminata. Se consideró el despertar de las mayorías indígenas que habían permanecido hasta entonces, con esporádicas rebeliones, resignadas a vivir ajenas a los beneficios económicos del Estado. Seis de cada 10 bolivianos son pobres y los campesinos han tenido un salario medio anual jamás superior a los 50 euros en la última década del siglo XX.
El deterioro en la vida rural del altiplano es producto también del minifundio, el imperativo de heredar la propiedad de labranza sobre la creencia de que la pertenencia a un territorio reafirma la identidad y consolida la existencia de los pueblos atados a la Pachamama, a la Madre Tierra.
La nueva Constitución, aprobada a comienzos de año, reconoce cuatro niveles autonómicos: regional, provincial, municipal e indígena. Dice el artículo 290: la autonomía indígena "es la expresión del derecho al autogobierno como ejercicio de la autodeterminación de las naciones y los pueblos indígenas originarios y las comunidades campesinas, cuya población comparte territorio, cultura, lenguas, organizaciones e instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias".
Las comunidades indígenas tendrán una veintena de competencias exclusivas, referidas fundamentalmente a "formas propias de desarrollo económico, social, cultural de acuerdo con su identidad y visión", además de la atención a la infraestructura vial, servicios de educación y salud (agua, luz y alcantarillado).
Para financiar a las autonomías, el Estado apoyará con recursos económicos, independientemente de los ingresos que generen por actividades mineras, por ejemplo. Además, Carlos Dabdoub, secretario de Autonomía de la gobernación de Santa Cruz, señaló que los pueblos indígenas estarán exentos de pagar impuestos por sus tierras.
Los indígenas podrán formar mancomunidades que acaben por modificar la actual división territorial del país, especialmente en el sur. Bolivia está dividida en nueve provincias y 327 municipios. De estos últimos, unos 180 pueden ser declarados municipios autónomos indígenas, según el autor de la ley de Participación Popular, Carlos Hugo Molina. "La autonomía indígena tiene más competencias y más atribuciones que la autonomía provincial; tiene la gestión del territorio, la propiedad de recursos naturales, la aplicación de normas consuetudinarias y tiene un germen de formación de nuevos estados a partir de formas de autodeterminación", explica el jurista.
Los pueblos originarios son 36, con poblaciones que van entre los tres millones de quechuas y aymarás, y otras 34, agrupadas en 10 familias lingüísticas, en las que prevalece la tupiguaraní. Algunas de estas etnias tienen menos de cien miembros (el caso de los araona) y otras pueden superar los 60.000 (los chiquitanos). La propiedad de la tierra implica la tenencia y usufructo de los recursos naturales renovables, pero también el derecho de veto a la explotación de los no renovables -hidrocarburos y minería-.
En los últimos meses, miembros de comunidades indígenas han ocupado al menos una veintena de explotaciones mineras concedidas por el Estado. Han confiscado la maquinaria y otros bienes y han expulsado a los trabajadores en protesta por la presencia de inversionistas extranjeros o locales pero de origen criollo. También han decidido asumir la explotación minera ante la pasividad de las autoridades. La misma situación se ha dado en explotaciones privadas agrícolas e industriales asentadas en terrenos reclamados por los indígenas. Los propietarios fueron expulsados y confiscados sus bienes, recursos, animales y maquinaria.
El País, España
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