viernes, 23 de octubre de 2009

[Comunidad-Facebook] GRAN CACEROLAZO EN CONTRA DEL GOBIERNO VENEZOLANO CONVOCADO A TRAVES DE FACEBOOK


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Daniel Ortega se inspira en el dictador Anastasio Somoza


Hace 65 años -en abril de 1944-, Anastasio Somoza García, el padre de la dinastía somocista, reformó la Constitución de Nicaragua con el fin de tener un segundo mandato. El argumento que esgrimió para perpetuarse en el poder era que "él tenía los mismos derechos que cualquier otro nicaragüense para reelegirse". En 2009, el presidente Daniel Ortega recurre al mismo razonamiento para buscar la reelección que le prohíbe expresamente la Carta Magna.

Ortega, hoy día más cercano a un populista de derecha que a un jefe revolucionario de los 70, reclama que, al igual que los alcaldes, él también tiene derecho a un segundo mandato de manera consecutiva. Seis jueces de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inclinaron la cerviz al aprobar una resolución que facilita la dictadura institucional, lo que indigna a la mayoría de los nicaragüenses.

El periódico Nicaragua hoy dice que el fallo de la Corte es "una bofetada al pueblo nicaragüense" porque reinstaura el somocismo. El diputado Mauricio Díaz Dávila afirma que la sentencia es un tiro de gracia a "la maltrecha democracia y a la frágil estabilidad en que nos mantiene el régimen de Ortega".

La reforma constitucional de 1995 estableció la prohibición de la reelección presidencial continua; sólo se permite la reelección alterna tras cumplirse un mandato alternativo. Ortega no podía presentarse a la reelección por estar fuera de los dos límites que establece el articulo 147 de la Constitución: la imposibilidad de renovar el mandato de forma consecutiva y el haber ejercido el cargo en dos períodos presidenciales (el primero fue de 1985 a 1990).

Una sentencia absurda y grotesca
El diario La Prensa de Managua denuncia que es tan absurdo y grotesco el acto contra la Constitución que "no hay en los diccionarios jurídicos una definición para semejante adefesio".

La Prensa señala que los expertos en Derecho Constitucional han demostrado la naturaleza ilegal y arbitraria de la resolución. El magistrado liberal Sergio Cuaresma, miembro de la sala constitucional, explicó "las groseras violaciones de forma y de fondo, que cometieron los orteguistas para imponer esa resolución que en estricto derecho es inválida, nula, ilícita e inexistente, es un atropello judicial a la Constitución".

Seis magistrados allegados a los sandinistas (a la sesión celebrada no convocaron a los jueces liberales) declararon inaplicable el artículo 147 de la Constitución que prohíbe la reelección consecutiva del presidente. De esta manera, la Corte falló a favor del recurso de amparo presentado por un abogado de Ortega; la sentencia favoreció al mandatario y a 109 alcaldes sandinistas; en su razonamiento la sala constitucional alegó que impedir la reelección presidencial y, al mismo tiempo, permitir la reelección indefinida de los diputados es una "violación al derecho de la igualdad ante la ley". El presidente de la CSJ, Manuel Martínez, tildó de emboscada al Poder Judicial porque los magistrados sandinistas no convocaron a sus pares de tendencia liberal. Tras señalar defectos de forma y de fondo en el fallo, Martínez dijo que un tema de la importancia de la reelección debe ser avalada por el pleno de la Corte Suprema.

"No aceptamos la dictadura"
Con el lema "no aceptamos la dictadura", una amplia coalición de organizaciones políticas y civiles de Nicaragua convocó a la población a sumarse a un frente de resistencia nacional contra las maniobras de Ortega para perpetuarse en el poder. La oposición rechaza toda reforma constitucional destinada a permitir que se perpetúe en el poder el líder sandinista.

El ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002) y el líder opositor Eduardo Montealegre, así como el sandinista disidente Edmundo Jarquín, figuran entre los políticos que al parecer se oponen de plano a la reelección de Ortega. Y decimos al parecer porque hay muchas sospechas sobre el papel que está jugando Alemán. Algunos diputados seguidores del ex presidente comenzaron negociaciones en octubre de 2007 con los sandinistas para reformar la Constitución. Las interrumpieron tras los comicios municipales del 9 de noviembre de 2008, que la oposición tachó de fraudulentos (la Unión Europea congeló parte de las ayudas a Nicaragua por el pucherazo perpetrado en estas elecciones locales).

En julio de 2009, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que preside Arnoldo Alemán, resolvió en su convención nacional rechazar cualquier reforma de la Constitución que permita la reelección sucesiva de Ortega. El 19 de ese mismo mes, en el 30 aniversario de la revolución sandinista, Ortega por primera vez habló abiertamente que quería la reelección.

Los diputados liberales rechazaron la componenda
Ortega intentó por medios institucionales que se reinstalara la reelección. Con este propósito buscó un acuerdo con su compinche Arnoldo Alemán para que el Congreso modificara la Constitución; sin embargo, los diputados liberales, recelosos del poder creciente de los Ortega, rechazaron la componenda. La sentencia de la sala constitucional se produjo después de que Ortega no lograra sumar en el Congreso los 56 votos necesarios para aprobar una reforma de la Constitución. Tampoco consiguió el apoyo deseado para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de rebajar el número de magistrados de la CSJ necesarios para formar quórum y derogar el artículo constitucional que impedía la reelección. Fue entonces cuando Ortega dio orden a los magistrados militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a que votaran contra lo que marca la Carta Magna.

Las tres corrientes liberales (PLC, ALN y PLI) se han unido para revertir el fallo del tribunal. Alemán, que ha sido un fiel aliado de los sandinistas a cambio de que no le obligaran a cumplir la condena de cárcel por corrupción, dijo: "Los jueces que fallaron no pertenecían a la Sala Constitucional, los liberales unidos impediremos la barbaridad y el golpe de Estado que dio el Frente Sandinista con sus magistrados".

Sin embargo, la opositora Coalición Democrática (CD) acusa a Alemán de ser cómplice del fallo de la sala constitucional. La CD, que aglutina a cuatro pequeños partidos y a un sindicato, señaló que la decisión de los magistrados sandinistas de declarar inaplicable el artículo de la Carta Magna que impide la reelección presidencial continua es parte del pacto secreto que mantiene Ortega con Alemán. Según esa coalición, integrada por conservadores y ex funcionarios del Gobierno que presidió Enrique Bolaños (2002-2007), con esa sentencia Alemán pagó su libertad.

Alemán fue condenado a 20 años de cárcel por ladrón
Alemán fue condenado a 20 años de cárcel en 2003 por fraude al Estado y otros graves cargos de corrupción (en los cinco años de su mandato este ex presidente robó más que la dinastía Somoza en 40). Cumplía la pena en su casa hasta que el 16 de enero pasado fue sobreseído por la sala penal del Tribunal Supremo.

"La sentencia que liberó a Alemán se aprobó con cuatro magistrados liberales a favor, en base a un procedimiento anómalo que permitió sustituir a magistrados sandinistas miembros de la sala penal por liberales", subrayó el portavoz de CD.

"La sentencia favorable a Ortega se aprobó con seis magistrados sandinistas a favor, en base al mismo procedimiento anómalo que permitió sustituir a magistrados liberales miembros de la sala constitucional", denuncia CD. "Ahora Alemán y su PLC gritan y protestan en los medios de comunicación queriendo hacernos creer que están en contra de lo actuado, pero el pueblo nicaragüense es más inteligente y sabe la verdad de esa burla", indica CD.

"Tengo mis dudas de que el PLC no esté en esta jugada", dijo la diputada disidente sandinista Mónica Baltodano. Según Baltodano, del opositor MRS, Alemán ha vendido la idea de que es el único que puede derrotar a Ortega en los comicios generales de 2011.

Violeta Granera y Carlos Tünnermann, del Movimiento por Nicaragua, pidieron a la población y a la comunidad internacional desconocer una sentencia que es nula, ilegal, ilícita e inexistente al reformar arbitrariamente la Constitución.

Coalición contra la reelección de Ortega
La coalición contra la reelección de Ortega, integrada por todos los partidos opositores y por unas 20 organizaciones de la sociedad civil, señala que la resolución de los jueces viola la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA). Azalia Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), pidió dejar el miedo a un lado y salir a las calles a protestar de "todas las maneras cívicas posibles para evitar que en Nicaragua se instaure otra dictador como Somoza".

La alianza opositora controlará más de 49 votos en el Parlamento, impidiendo la aprobación de leyes del gobierno de Ortega, en rechazo a la sentencia que pretende habilitarlo para postularse a las elecciones del 2011. El acuerdo fue firmado por cinco grupos parlamentarias en una reunión a la que asistieron directivos de la empresa privada y representantes de organizaciones civiles.

Los firmantes acordaron "actuar unidos en la Asamblea Nacional (Parlamento) para defender la democracia y el Estado de Derecho".

Los opositores rechazan el fallo judicial por considerarlo "un asalto a la institucionalidad realizado en abierta violación a la Constitución, carente de valor jurídico alguno y que rompe el orden constitucional".

También dispusieron formar una comisión política con dos representantes de cada partido que definirá una estrategia junto con organizaciones de la sociedad civil "para evitar la consolidación de la dictadura orteguista".

"Si se robó las elecciones (municipales) del 2008, no tendrá escrúpulos para hacerlo en 2011", dijo el diputado Sáenz, del opositor Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la sentencia por considerar que "constituye la instauración de una dictadura dinástica".

Gioconda Belli: "El Estado soy yo"
La aprobación de la reelección representa la culminación del proceso de desmantelamiento del Estado y sus poderes. Se cercena de un plumazo el papel moderador y mediador de las instituciones esenciales para el ejercicio de la democracia. El Estado queda reducido a un instrumento del presidente Ortega, que es quien ordena y manda en todas sus instancias. Gioconda Belli, la escritora que en los años ochenta fue una de las intelectuales más brillantes que apoyaban a la revolución sandinista y que ahora milita en el MRS, comenta que "algo tan fundamental como la restitución de la reelección se pueda lograr con una orden de Ortega a los magistrados, significa que éste bien puede decir, como Luis XIV: "El Estado soy yo". Este nuevo monarca criollo nuestro no sólo piensa que es el Estado; también considera que es el pueblo y de allí saca la justificación que le permite pensar que todo cuanto hace es justo y necesario".

La institucionalidad democrática en Nicaragua se encuentra amenazada por el interés de en establecer un régimen totalitario, dijo Edmundo Jarquín, coordinador político del MRS. "Nicaragua es el único país de América Latina que se quedó sin futuro electoral confiable. Es una situación dramática, la historia enseña que, cuando se cierran los espacios políticos electorales, la violencia y el conflicto terminan siendo inevitables", añadió el líder opositor, quien en 2006 compitió por la presidencia.

La sombra de Manuel Zelaya Jarquín expresó su temor de que Ortega trate de repetir el fraude orquestado por el Gobierno en las elecciones municipales de noviembre de 2008, en las que el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional resultó ganador. "Aquel fraude desordenado, grosero y masivo condujo a una situación de gran tensión política interna", dijo Jarquín.

La Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), organización que aglutina a más de 200 agrupaciones del continente, denunció "que en Nicaragua se está desarrollando un golpe a la Constitución idéntico al que intentó dar Manuel Zelaya en Honduras". Y explica que la maniobra de la sala constitucional es una variante del procedimiento usado por Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, "para controlar los poderes públicos y establecer dictaduras vitalicias".

http://megaresistencia.com/megaresistencia/noticias/index.php/categoryblog/internacionales/1435-daniel-ortega-se-inspira-en-el-dictador-anastasio-somoza



Denunciarán ante la CIDH que la Policía venezolana mató más de 750 personas en quince meses

A pesar de la negativa del Gobierno de Hugo Chávez a permitir que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite Venezuela, este organismo oirá las denuncias contra el Ejecutivo de Caracas. Varios organismos de Derechos Humanos del país presentarán sus informes a la CIDH, donde denunciarán la alta cifra de ejecuciones a manos de la Policía, la falta de independencia del Poder Judicial y la criminalización de la oposición.

En el marco del 137 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el próximo 2 de noviembre varias organizaciones informarán a los comisionados durante la audiencia privada que se celebrará sobre institucionalidad democrática, grupos parapoliciales y cárceles, según informa el caraqueño El Universal. Las asociaciones denunciantes son el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Espacio Público, Acción Solidaria y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.

Uno de los temas a que se denunciará será la cuestión de los "ajusticiamientos". Las organizaciones que acuden a la CIDH consideran que en esta materia no ha habido avances y presentan las cifras ofrecidas por la propia Administración. Según los datos oficiales del Ministerio Público, durante los tres primeros meses del presente año 155 venezolanos murieron a manos de miembros de la Policía, mientras que en 2008 fueron más de 600. A pesar de la magnitud de estos números, 74 agentes están en prisión y tan sólo se condenó a 22.

Los denunciantes también expondrán a los miembros del CIDH la provisionalidad de los jueces y fiscales en Venezuela, así como el impacto negativo que esta tiene sobre la independencia del poder judicial. Además, explicarán el rechazo del Tribunal Supremo a acatar decisiones de instancias internacionales.

El mismo día dos las mismas organizaciones acudirán a una audiencia pública de la Comisión para denunciar los intentos por parte de Gobierno de Chávez de criminalizar las protestas en su contra. Provea ha alertado del incremento durante las últimas semanas de la intolerancia oficial frente a las manifestaciones. Según datos de esta organización, 2.240 venezolanos están siendo procesados por participar en este tipo de protestas. Por su parte, el Ejecutivo chavista expondrá su visión sobre la situación de las garantías fundamentales en el país en una audiencia que solicitó con tal fin.


FUENTE: El diario Exterior